La presidenta del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Susana Margarita Petrick, y el científico Julio César Romaní sostuvieron que es necesario regular la explotación del uranio por el riesgo de la minería convencional, a lo que se suma el riesgo por las radiaciones ionizantes que pueden causar daño a la salud de las personas y al ambiente.

Del mismo modo, advirtieron sobre la necesidad de legislación y directivas adecuadas, ya que el uranio es un material sujeto a control internacional, porque puede ser utilizado para fines no pacíficos.

Ambos se presentaron en la sesión virtual de la Comisión de Energía y Minas, que preside la legisladora Yessica Apaza (UPP), quien recordó que, en agosto del 2018, el presidente anunció un marco normativo en seis meses para la explotación y reglamentación del uranio.

Uranio en Puno

En referencia al hallazgo del material radioactivo en Macusani (región Puno) y su posible explotación, la presidenta del IPEN dijo que los riesgos no solo provienen del uranio, sino principalmente de otros trece elementos de su progenie, con los que se encuentra siempre en la naturaleza, llamados hijos del uranio.

Explicó también que una vez que se retira el uranio del mineral “sus trece hijos” quedan como residuos radioactivos por miles de años, por lo que el lugar donde se almacenará debe estar sujeto a supervisión a largo plazo para minimizar el riesgo de afectación al ambiente y la salud de las personas.

Los dos elementos más contaminantes derivados del uranio son el radio 226, que se difunde fácilmente por ser muy soluble al agua y con pocos gramos puede afectar a las personas y al ambiente.

El otro es el radón, elemento gaseoso que escapa al ambiente apenas fracturado el mineral. Este se transporta fácilmente y se dispersa mediante el aire, contaminando también otros lugares.

La autorización para el funcionamiento de una mina de uranio es casi tan compleja como autorizar una central nuclear, según la escala de riesgos de las principales instalaciones, puntualizó Margarita Petrick.
Oscar Alfredo Rodríguez Muñoz, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, diferenció la regulación de normas para la explotación de uranio y litio.

El marco regulatorio para este último elemento no tiene que ser especial, porque se trata de un tipo de sales, igual sucede en los vecinos países de Bolivia y Chile.

Salvo en el caso del litio y uranio hallados en Macusani, Puno, donde ambos minerales se encuentran asociados.

Inscripción de maquinaria pesada sería obligatoria

La legisladora Robertina Santillana Paredes (APP) propuso mediante su Proyecto de Ley 6043-2020/CR que se disponga de la inscripción obligatoria de la maquinaria pesada empleada en la minería y la industria de la construcción, en el Registro de Bienes Muebles de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

El objetivo es que los cargadores frontales, grúas, tractores, motoniveladoras y otras empleadas en la minería y construcción sean consideradas y registradas como vehículos numerados que puedan ser fácilmente ubicados y saber de su procedencia, ya que anualmente el Estado realiza operaciones de venta y alquiler de esta maquinaria pesada por más de 2 mil 500 millones de dólares.

También porque su inscripción sirve como mecanismo de acceso al crédito y en prevención a que esta maquinaria sea mal utilizada por la minería ilegal o para que sea identificada en caso de sustracción.

Mypes y acceso al mercado de libre electricidad

La congresista Carmen Núñez Marreros (FREPAP) sustentó el PL 6010-2020/CR que propone dar acceso a las mypes al mercado de libre electricidad.

«La iniciativa surge de las diversas solicitudes y reuniones que ha establecido con asociaciones de productores en el país, que transmitieron su necesidad de bajar costos en su facturación de electricidad«, sostuvo.

Manifestó que las mypes no buscan subsidio, buscan ser tratadas como grandes empresas. «Emitir esta ley no generará gasto del Estado, y se dará la posibilidad a que las miles de pequeñas y medianas empresas amortigüen también el impacto que les ha dejado la emergencia sanitaria», refirió la legisladora.

PRENSA-CONGRESO