Celeridad,  imparcialidad y trato igualitario  para todos los casos que lleguen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ofreció la legisladora Karina Beteta Rubianes (FP), presidenta de dicho grupo de trabajo.

Anunció que pedirá a la presidencia del Congreso que convoque a una sesión especial de la Comisión Permanente para someter a votación todos los informes de calificación aprobados por la subcomisión.

“Mi propuesta es que todo informe de calificación debe ser visto inmediatamente y votado por la urgencia de los plazos que podría permitir su caducidad. Si hablamos de demoras, a  muchas autoridades anteriores ya no podríamos indagarlas,  precisamente por su caducidad”, afirmó.

Para esta subcomisión no hay un caso más importante que el otro, dijo la congresista Beteta. Los casos se irán tratando conforme el orden de llegada, agregó. “Lamentablemente tenemos un remanente de la gestión pasada de denuncias que no fueron tratadas, 15 en total. En la presente gestión ya hemos recibido unas 25 nuevas denuncias las que trataremos con celeridad e imparcialidad”, dijo la presidenta de la comisión.

Beteta Rubín presidió el lunes 10 la primera sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde se puso a consideración cinco casos informes de calificación, dos fueron aprobados por unanimidad  y tres mandados al archivo.

Se aprobó por unanimidad el informe de calificación de la denuncia Constitucional Nº 12 interpuesta por el excongresista de la República Mesías Guevara Amsifuén, contra el ex Fiscal Supremo Carlos Américo Ramos Heredia por la presunta comisión de los ilícitos penales de asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales, tipificados en los artículos 317, 376 y 377 del Código Penal.

De la misma forma, se aprobó por unanimidad el informe de calificación de la denuncia formulada por el ciudadano Aníbal Amilcar  Alvitez Morales, interpuesta contra el presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola Hani, por presunta infracción al artículo 39 de la Constitución Política del Perú y por la supuesta comisión de los delitos contra la libertad de trabajo, abuso de autoridad y omisión de actos funcionales previstos en los artículos 168, 376 y 377 del Código Penal.

En ambos casos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales solicitará a la Comisión Permanente del Congreso el plazo para realizar las investigaciones y emitir el informe correspondiente.

PRENSA CONGRESO