Responsabilidad política por las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) ante las manifestaciones sociales que vive el país; pero también, pedidos para restaurar el principio de autoridad, fueron las principales críticas que recibió el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, durante el debate que siguió a las respuestas que ofreció a los pliegos interpelatorios.

El portavoz de la bancada de APP, Alejandro Soto Reyes, preguntó al ministro del Interior si asume el activo y el pasivo de su gestión. “¿Sí o no?”, inquirió. Esto, dijo, porque le llamó la atención la constante utilización de la frase: “según información de la Policía Nacional del Perú PNP”, lo que, en sus palabras, daría a entender que sería responsabilidad exclusiva y excluyente de la PNP, y no de él.

En seguida, Paul Gutiérrez Ticona (BMCN) enrostró al ministro que sus respuestas “no dicen nada de lo que ha sucedido realmente, nada de la realidad”, de las detenciones arbitrarias, del maltrato físico, psicológico, en las dependencias policiales y a los manifestantes en las calles. Cuando se demuestren estos excesos, expresó, tiene que asumir su responsabilidad política, y si hay responsabilidad penal, ir a la cárcel.

Por su parte, Carlos Zevallos Madariaga (PP) aseveró que no se ha escuchado de parte del ministro qué se está haciendo con aquellos policías que el 9 de enero último han matado a 21 personas en la región de Puno. “No se ha escuchado nada”, enfatizó. “Hasta el momento no hay ningún detenido, ningún responsable, ni siquiera político”.

La portavoz alterna de la CD-JP, Ruth Luque Ibarra, señaló que en su bancada están impactados porque el ministro no asume ninguna responsabilidad política. El ministro, de acuerdo a sus funciones, toma decisiones políticas, y él se lava las manos, y la responsabilidad es de otro, aseguró.

Luego, Alfredo Azurín Loayza (SP) manifestó que es testigo del trabajo del ministro, y no duda de su capacidad de gestión y manejo de recursos para afrontar el gran reto que significa dirigir un portafolio como el suyo; sobre todo, en una época muy difícil para el país. Le pidió que SE dé la importancia que merece a la PNP, y se le brinde todas las herramientas físicas y legales para su lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.

Congresista Jorge Montoya interviene en la sesión del Pleno.

Así también, Jorge Montoya Manrique (RP) sostuvo que “estamos en una guerra contra el comunismo, y estamos en un gobierno comunista”. Le expresó al ministro que su responsabilidad es mantener el principio de autoridad, y le pidió que gestione ante la Fiscalía de la Nación acelere las investigaciones para determinar los responsables de las muertes.

Seguidamente, Rosselli Amuruz Dulanto (AvP) pidió que se identifiquen a los responsables de las manifestaciones que han concluido con la muerte de muchas personas desde el 7 de diciembre de 2022, puesto que ello, forma parte de un tipo penal de terrorismo, y merecen sanciones más drásticas. “El Perú debe desaparecer este tipo de conductas”, indicó.

A su turno, Patricia Jáuregui Gallegos (FP) dijo que la pregunta es que si no hubiera intervenido la PNP en el campus de San Marcos, ¿continuaría ocupado por las personas que vinieron del interior del país? Pienso que hasta ahora estaría ocupada, y miles de estudiantes estarían sin estudiar.

¿Qué hemos vistos desde el 7 de diciembre? Volvió a interrogar. Policías desarmados, se respondió, “aguantando la arremetida de cientos de ciudadanos que no protestan pacíficamente, no podemos engañarnos. Pido más respeto para los policías”.

Inmediatamente, Guido bellido Ugarte (PB) expresó que “parece que en el país no ha pasado nada, no hay muertos, y por tanto no hay responsables. Y naturalmente, tiene que haber responsables por las muertes de más de 65 compatriotas nuestros”. No hay ningún video que atestigüe que ellos atacaron a los policías; los responsables políticos deban asumir su responsabilidad, expresó.

El portavoz de la bancada de (PL) Flavio Cruz Mamani, sostuvo que a sesenta días de los hechos en donde murieron compatriotas en el aeropuerto de Juliaca, “no hay respuestas, no hay responsabilidades políticas que se asuman. Así funciona para algunos la justicia en el país”.

Afirmó que el ministro no respondió a muchas preguntas, y en otras respuestas se contradijo. Y propuso que “dejen de terruquear a los puneños, sobre todos a los aimaras, que derrotaron el terrorismo, puesto Sendero Luminoso jamás se atrevió a ingresar a esa zona”.

Seguidamente, Milagros Rivas Chacara (PL) se preguntó si existe verdaderamente en nuestro país la democracia, ya que en el actual gobierno se iniciaron matanzas y agresiones de parte de la PNP en contra de nuestros hermanos peruanos. ¿Eso es democracia?, interrogó. Calificó el actual gobierno de cívico-militar, porque si tiene las armas, tiene el poder.

Luego, Pedro Martínez Talavera (AP) expresó que hoy, “el policía y el soldado son investigados, y los vándalos en las calles, y algunos congresistas qué cobardes somos, y qué malagradecidos. Las protestas dicen que son pacíficas y no lo son. Vamos a sancionar a los defensores de la democracia, que son los policías y los soldados; ellos, que no se sometieron a ese abrupto golpe de (Pedro) Castillo”.

Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante Barrios (RP) sostuvo que “para determinar responsabilidades políticas, primero debe haber una investigación”; “no podemos ser irresponsables y aprovechar una desgracia ajena para fortalecer una narrativa, cuando aún están en marcha las investigaciones”.

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