Autoridades, pobladores y familiares de las víctimas de la matanza de Cayara, aún reclaman justicia, pese a que han trascurrido 28 años de ese trágico suceso en ese pueblo ayacuchano durante la época del conflicto interno vivido en el país.

            Así lo hicieron saber durante una conferencia de prensa promovida por la congresista Marisol Pérez Tello (PPC-APP), convocada con el fin de anunciar e invitar a la población en general a participar de diversas actividades para recordar y reflexionar sobre esos lamentables sucesos en Ayacucho.

            “Cayara tiene que cerrar una historia, pero para lograr eso tiene que encontrar verdad y justicia“, expresó la parlamentaria, quien reiteró su compromiso de seguir trabajando en favor de los deudos de Cayara.

            Pérez Tello dio cuenta que todavía está en marcha el proceso de judicialización sobre este crimen, en el que no faltaron los inconvenientes para la búsqueda de una verdadera justicia, como la desaparición de pruebas y de restos humanos.

            También demandó al actual Gobierno, y a los que vendrán, ejecutar políticas de Estado para que esa historia no se vuelva a repetir.

            “No puede ser que un pueblo que está a solo tres horas de Huamanga no cuente con servicios básicos, como agua y desagüe”, lamentó Pérez Tello.

            La parlamentaria manifestó que en la agenda pendiente en favor de los deudos de Cayara está la aprobación de una ley de búsqueda, la que espera que se logre en esta última legislatura. También la promoción de una política de salud mental y una reformulación del Programa Integral de Reparaciones, entre otras.

            En la rueda de prensa también estuvo David Ccayo, alcalde distrital de Cayara, quien pidió la conformación de una Mesa de trabajo por el desarrollo de su localidad.

            En el mismo sentido se pronunciaron Julio Ipurre Palomino, presidente de la comunidad, y Florencia Pari, presidenta de la asociación de afectados por la violencia, quienes también demandaron salud y educación para los pobladores, así como una justa reparación económica para los deudos de la matanza.

            También participaron Juan Alvarez Vita, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y Marlene Román, representante de la Defensoría del Pueblo.

PRENSA-CONGRESO