El presidente de la Asociación de Armerías Unidas del Perú, José Hernán De Vivero, sostuvo que la Sucamec hecho abuso de poder con el sector que representa, ya que no fueron considerados para activarlos y volver a realizar sus actividades comerciales usuales.

Fue durante su participación en la sesión informativa de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, que preside el legislador Walter Ascona  (APP).

De Vivero puntualizó que los temas administrativos y requisitos de otorgamiento de licencias son tratados como investigaciones policiales, incluso pidiéndoles más condiciones  que la propia ley les exige.

“Las armerías formales no somos las causantes de las miles de armas que circulan sin licencias en el país, en todo caso los delincuentes no utilizan un arma comprada y registrada formalmente para cometer sus delitos”, dijo De Vivero, al tiempo de pedir tomar en cuenta las armas ilegales que ingresan por las fronteras.

“Las armerías deben ser consideradas como colaboradoras, no somos causa del problema, puntualizó.

Contó que cuando la Sucamec inició un periodo para que las armas sin licencia se registren, se puso tantas trabas e incluso se incautaron muchas de ellas y que no se cumplió con el objetivo. “Se estima que hay más de cien mil armas que están ‘bajo el colchón’, ese tipo de cosas deben regularse”, pidió De Vivero.

El congresista Walter Ascona Calderón se mostró a favor de regularizar esta y todas las actividades comerciales, especialmente las que son formales para una verdadera reactivación económica.

“En la problemática de las armas, sabemos que se apuesta por la formalidad. Las casas comerciales de armas son la mejor forma de fiscalizarlas. Coincido que no es por esta vía que las armas llegan a los delincuentes”, sostuvo Ascona Calderón, al tiempo de ofrecer su intervención para ver los problemas que hubiera en Sucamec.

Empresarios de Mesa Redonda, El Hueco y otras galerías

La comisión recibió a Juan Alberto Cieza Obregón, presidente de la Asociación de Empresarios del Mega Centro Mesa Redonda, quien informó acerca de los anillos de seguridad de ese sector comercial  que se cumplieron, según dijo, en aras de coadyuvar con los protocolos sanitarios.

“Se ha cumplido con el sistema de seguridad desde el ingreso a las galerías, aforos regulados, cumpliendo con todos los protocolos. Nuestra fortaleza es la venta. Tenemos el mayor número de contratación de personal y tenemos responsabilidad también con ellos, informó.

“No podemos tener comunicación en línea con las 160 galerías que representamos, pero sí con los 10 principales campos feriales distribuidos en toda la inmediación del Mercado Central. Además, han hecho cuatro campañas de detección de contagios con oximetría para medir el avance  de la COVID-19 en la zona, y también campañas de VIH y dengue. Ahora manejamos información que es otra de nuestras fortalezas”, dijo.

También, se presentó Moisés Manuel Avellaneda, representante de la Asociación de Estibadores, conformada por ocho organizaciones, que aglomera a más 500 hombres que participan en el ingreso y salida de la mercadería de Mesa Redonda, lo que están plenamente registrados en sus organizaciones, capacitados por la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima.

“Necesitamos un marco legal que regule este servicio eficiente de estibadores, requerimos una ley apropiada a nuestra actividad”, planteó.

Por otra parte, representantes de 300 familias que moran dentro de este emporio comercial, pidieron  tener el control de pistas y veredas, no solo el control de tiendas. “Conocemos nuestra zona, no es necesario traer especialistas, hay que tomar medidas para descongestionar la zona”.

El representante de Mesa Redonda recordó que hay la necesidad de activar las ventas con plataformas serias y con respaldo de organizaciones.

También, se refirió a la desleal competencia que sufren los empresarios formales por parte de importadores que han acaparado mercados e impuestos precios exorbitantes en pandemia.

Los vecinos de Mesa Redonda dijeron que trabajan en la zona más de 40 años y recordaron que en 1997 fue el entonces alcalde de Lima, Alberto Andrade, quien ordenó la zona implantando un anillo de calles peatonales y todas las otras calles de tránsito vehicular fluido para terminar con el comercio ambulatorio. Pidieron tomar acciones concretas ante la avalancha de ambulantes en su zona.

Lima, 11 de enero de 2020

PRENSA-CONGRESO