Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña Peralta (APP), aprobó archivar la Denuncia Constitucional 509, interpuesta por el exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena, contra la presidente de la república, Dina Boluarte Zegarra y los exministros Pedro Angulo Aranda, Alberto Otárola Peñaranda, César Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

El caso es por la posible comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, tipificados en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal.

El congresista delegado José Jerí Oré (SP) sostuvo que, luego del análisis integral correspondiente de los documentos presentados, los descargos formulados por los denunciados y las declaraciones en las audiencias, se determinó que no se han presentado a la fecha elementos de convicción suficientes que acrediten sin ninguna duda la conducta típica, antijurídica y culpable atribuible a los denunciados.

En ese sentido, señaló que no se han identificado órdenes directas, actuaciones dolosas ni se ha demostrado un vínculo causal claro entre sus decisiones y resultados lesivos que se pudo evidenciar en ese periodo.

Por lo tanto, ante la falta de pruebas suficientes para dicha acusación se recomienda el archivo de la referida denuncia, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con las investigaciones, a fin de establecer las responsabilidades individuales conforme a derecho.

POSTERGAN INFORME FINAL

Previamente, fue postergado el debate y votación del informe final de la Denuncia Constitucional 387, que interpuso la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, contra Tomás Gálvez Villegas, en su actuación como fiscal supremo titular del Ministerio Público, por ser presunto autor de la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, y por ser presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado por su condición de funcionario público.

Al respecto, el congresista delegado, Luis Aragón Carreño (AP), envió un oficio excusándose de asistir por asuntos urgentes en el último día de la semana de representación, por lo que solicitó su reprogramación para la siguiente sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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