El parlamentario Mauricio Mulder Bedoya (PAP), sustentó un proyecto de ley de su iniciativa que propone regular el gasto de publicidad del Estado peruano. “Hay algunos avances que hoy nos permiten decir que si es posible regular este tema. Los señores del Consejo de la Prensa Peruana, han manifestado opinión favorable sobre la regulación, toda vez que se han tomado en cuenta algunos aportes”, refirió el legislador del Apra en la sesión de la Comisión Permanente.

Consideró que la discrecionalidad de cada gobierno para dar a conocer los logros de su gestión es amplísima, tanto en montos como en medios. “Así pues, muchas entidades aplican ingentes cantidades de dinero para colocar publicidad, lo que termina convirtiendo las partidas de publicidad en instrumentos de manejos no muy claros por parte del Estado y los funcionarios responsables”, señaló el parlamentario Mulder Bedoya.

Afirmó que es una obligación del Estado, por principio de racionalización de sus gastos, que use sus propios medios de comunicación y los que le brinda la internet para difundir sus acciones en la gestión; para evitar el mal uso de los recursos para beneficio y propaganda personal de sus funcionarios.

En la sesión también se dio cuenta de otra iniciativa de ley en relación a este caso como el proyecto de ley Nº 1791 de la Bancada de Acción Popular, a fin de que se pueda acumular para su discusión.

Durante el debate, el parlamentario Marco Arana, del Frente Amplio, señaló que el tema no se quede en que se da o no publicidad al estado. “Que regrese a la comisión respectiva para que ésta sea mejor debatida y de manera consensuada·, consideró.

A su turno el legislador Juan Sheput More (PPK),  dijo que este proyecto va en contra de elementos sustanciales como la libertad de expresión y limitar al Gobierno su derecho a la información. “Está demostrado por diversos estudios que las redes sociales no cubren una adecuada información y cobertura. No se podrían hablar de porcentajes, no hay estudios se viene tratando con una ligereza este proyecto. Solicito que este texto vuelva a comisiones”, consideró.

La congresista Lourdes Alcorta Suero (FP), señaló que los medios están obligados por diversas consideraciones la necesidad de informar a la población. “Hay malos manejos en la publicación estatal a través de publicidad negociada. La libertad de prensa no debería estar condicionada a la plata. Me parece pertinente el proyecto de ley”, afirmó.

En tanto el congresista Alberto Quintanilla (NP), sugirió que este proyecto sea devuelto a las comisiones respectivas para su mejor estudio. A su turno, el parlamentario Gilbert Violeta dijo que existe un texto sustitutorio que no modificaría en casi nada el proyecto original.

El congresista Justiniano Apaza Ordoñez (FA), señaló que estar de acuerdo con el proyecto a título personal, porque habría malos manejos, así como el uso y abuso de los recursos del Estado.

En esa misma línea de opinión, la legisladora Alejandra Aramayo Gaona (FP), dio a conocer su conformidad con el proyecto en discusión. A su turno su colega Marisa Glave (NP), planteó la necesidad de debatir con más amplitud dicha iniciativa. “Se debe abordar este debate de manera integral”, concluyó.

El parlamentario Héctor Becerril (FP), señaló que dicho proyecto no atenta bajo ningún punto de vista contra la libertad de expresión. “Atenta contra la extorsión de algunos medios de comunicación”, refirió.

A su turno el represente de Acción Popular, Víctor García, dio a conocer diversos puntos de vista sobre este tema. De igual forma, su colega César Villanueva Arévalo (APP) dijo estar de acuerdo con el proyecto previa reglamentación.

Al término de la discusión, el congresista Mulder Bedoya dio a conocer algunos aportes y agregados de parte de algunos parlamentarios, para luego someter a votación la propuesta legislativa que finalmente fue aprobado por mayoría con 20 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

Cabe señalar que durante la sesión, la congresista Nelly Cuadros Candia (FP), solicitó se investigue los más de 18 derrames de petróleo que se habrían ocurrido en Camisea, dañando el medio ambiente de las comunidades nativas de la Selva peruana, como en el caso del Bajo Urubamba. (FA)

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PRENSA-CONGRESO   28-2-18

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