La Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el congresista José Luna Morales (PP), aprobó por unanimidad la insistencia de la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, que modifica el Código Penal y el Código de protección y defensa del consumidor, respecto al acaparamiento, especulación y adulteración.

En la sesión de este jueves 16, congresistas de diversas bancadas saludaron y respaldaron la iniciativa puesta a debate nuevamente en ese grupo de trabajo y consideraron su aprobación por ser de suma importancia para sancionar el acaparamiento, especulación y adulteración de productos en las zonas declaradas en estado de emergencia.

Los parlamentarios Franco Salinas López y Rolando Campos Villalobos (AP), se mostraron en contra de las observaciones del Poder Ejecutivo y manifestaron que su aprobación en el próximo Pleno del Congreso debe ser inmediata, toda vez, que está en juego la vida y salud de millones de personas.

“Parece que las observaciones presentadas por el Ejecutivo han sido elaboradas en el directorio de una empresa privada. Presiento que esto tiene más un contenido empresarial que observaciones de un poder del estado”, sostuvo Salinas López.

En el mismo sentido, el congresista Yim Mamani Barriga (UPP) y Rubén Ramos Zapana consideró que las observaciones carecen de argumentos fácticos y legales.

“Más que observaciones razonables parece una acción que refleja un sometimiento del gobierno a algunos grupos de poder que ejercer posición de dominio en el mercado, por esa condición abusan de la situación económica de nuestros compatriotas con la venta de medicamentos a precios inaccesibles”, sostuvo Mamani.

Por su parte, Reymundo Dioses Guzmán (SP) lamentó la falta de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, dado que desde el 2017 la autógrafa de ley ha sido observada hasta en dos oportunidades.

“Lamento que después de tres años no podamos haber adecuado los delitos de acaparamiento y especulación al régimen económico establecido en la Constitución de 1993. Los únicos perjudicados son los consumidores”, refirió.

Carmen Omonte Durand (APP) sugirió que las observaciones se limiten al tipo penal de acaparamiento a situaciones de emergencia quedando en el ámbito administrativo las conductas que se realicen en épocas normales y de esa manera racionalizar y equilibrar el actuar del derecho penal.

“Tenemos que dar énfasis y concentrarnos a todo lo que hemos mencionado anteriormente a situaciones de emergencia de desastre. Eso le va a dar mucho mayor potencia a lo que estamos debatiendo”, dijo.

La legisladora Zenaida Solis Gutiérrez (PM) consideró que hay una insuficiencia de control administrativo, toda vez, que para los grupos que tienen control de dominio el pago de multas administrativas no ha sido problema.

“Pagan la multa con una sonrisa y siguen adelante con las mismas conductas, inclusive contratando con el Estado, y este no se da por aludido. El Estado no lo sanciona, no los reprime, nos los deja de contratar, eso es una insuficiencia de control administrativo”, advirtió Solis Gutiérrez.

José Luis Ancalle Gutiérrez (FA) dijo que el Poder Ejecutivo está velando por los intereses de las empresas y no por los consumidores, por los ciudadanos que están padeciendo esta pandemia.

“Son momentos en la que todos tenemos que unirnos y dar la mejor predisposición para poder permitir que mecanismos excepcionales puedan ayudar a la población sobre todo para mantener la vida de las personas. Es difícil comprender que el Ejecutivo haya observado la norma”, precisó.

Finalmente, la Comisión de Defensa del Consumidor acordó pasar a cuarto intermedio la iniciativa legislativa que propone la ley que modifica el Decreto Supremo 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones.

Lima, 16 de julio de 2020

PRENSA-CONGRESO