Con 13 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra, la Comisión Permanente aprobó, el miércoles 15, el informe de evaluación del Decreto de Urgencia N°006-2019, que regula la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) en la ejecución de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural.

El objetivo de la norma, precisó el congresista Édgar Ochoa Pezo, es establecer medidas que garanticen la ejecución de infraestructura o estructura modular en 30 instituciones educativas públicas bajo el modelo de Servicio Educativo Secundaria en Ámbito Rural y el modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia.

Ochoa Pezo, coordinador del grupo de trabajo que elaboró el informe, se refirió a la precariedad que existe en la infraestructura de los dormitorios de los estudiantes, los servicios higiénicos, cocina y comedores de los establecimientos educativos en referencia.

Señaló que existe la necesidad de un apoyo urgente a los estudiantes de las zonas rurales, que les impide su acceso a la educación en condiciones básicas de habitabilidad, lo cual atenta contra su derecho a la educación, salud, desarrollo personal e integridad física.

Refirió que inicialmente el Poder Ejecutivo priorizó 46 instituciones educativas, de las cuales solo 11 contaban con saneamiento físico-legal y 26 instituciones educativas presentaban algún proyecto de inversión asociado. Por ello, se evaluó como alternativa la ejecución de módulos prefabricados, que no requieren de saneamiento.

De las 30 instituciones educativas, la mayoría se ubica en la selva y el resto en la región andina y la costa.

El DU N° 006-2019 autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 hasta por 137 millones 985 mil soles del pliego del Ministerio de Educación a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

RECOMENDACIONES

Ochoa Pezo dijo que el informe recomienda que el Congreso de la República fiscalice el cumplimiento del DU 006-2019 y la ejecución de las obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores de las 30 instituciones educativas.

Asimismo sugiere que los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de Educación publiquen en su portal institución a la información referida a la rendición de cuentas y control bajo responsabilidad.

Las congresistas Lourdes Alcorta y Luz Salgado expresaron su preocupación por la situación precaria de la educación en el país.

Salgado Rubianes resaltó que inicialmente 48 instituciones serían beneficiadas, pero el dispositivo del Ejecutivo solo refiere a 30.

Por tal motivo, reclamó la aplicación de una política de Estado que analice el problema de la falta de infraestructura básica educativa y solucionar este lamentable estado en el que estudian los alumnos en el país.

Asimismo, pidió a los próximos parlamentarios fiscalizar del proceso de ejecución de las obras. El grupo de trabajo estuvo integrado por los congresistas Clemente Flores Vilchez, Justiniano Apaza Ordoñez, Luz Salgado Rubianes y Lizbeth Robles Uribe.

PRENSA-CONGRESO