La Comisión de Transportes y Comunicaciones, que preside el legislador Luis Simeón Hurtado (AP), aprobó por mayoría el dictamen de la Ley que tutela el derecho a la información, establece igualdad de oportunidades y regula la Ley 28874, Ley de Publicidad Estatal.

El dictamen reúne el contenido diversas iniciativas con similares objetivos donde se plantea conocer la justificación técnica de la selección de uno u otro medio que será contratado para emitir la comunicación estatal (PL 2605/2017-PE, PL 4318/2018-CR, PL 4441/2018-CR, PL 5824/2020-CR, PL 5840/2020-CR, PL 5911/2020-CR y PL 6025/2020-CR).

Las propuestas acumuladas tienen como tema común el derecho de acceso del ciudadano a la información pública del Estado, y los recursos de las instituciones públicas de índole nacional, provincial y local que son orientados a la publicidad estatal en medios privados para que sean utilizados de manera objetiva, transparente y proporcional.

Asimismo, la participación de medios de comunicación locales en el marco de la descentralización; y las poblaciones en zonas rurales sean informadas oportunamente de las actividades, programas y proyectos del Estado.

La sustentación del dictamen afirma que desde la publicación de la Ley N.° 28874, Ley que regula la publicidad estatal, se establecieron lineamientos para el actuar de las entidades del Estado para que estas hagan uso de sus recursos de manera eficiente respecto a la contratación de diferentes medios que brindan servicios publicitario; sin embargo, se ha notado que la preferencia de selección y contratación ha sido por medios de empresas grandes que, tienen un gran alcance nacional, pero el efecto final es que se ha venido centralizando los recursos en estas empresas, dejando de lado a muchas otras de ámbito regional o local.

La emergencia sanitaria por el COVID-19 y la inmovilización social han limitado también el comercio, por lo que las empresas redujeron o solo dejaron de contratar publicidad en medios de comunicación, lo que constituye una reacción normal, generando una caída del 40 % de la recaudación en el panorama donde las restricciones implicaron al 60 % de los rubros empresariales.

Esta afectación ha sido más perjudicial para las pequeñas empresas de comunicación regionales y locales a diferencia de las más grandes con alcance nacional, aunque ambas sobreviven de los contratos publicitarios, las primeras han tenido menor respaldo por parte de las instituciones del Estado que las segundas, toda vez, que la publicidad se ha concentrado en los medios de cobertura nacional; no obstante, las empresas de comunicación regionales y locales, transmiten continuamente los avisos y la información relevante que emite el Estado .

En nuestro país existen 1,829 emisoras de televisión y 5,667 estaciones de radio.

La iniciativa aprobada busca que la distribución de las contrataciones estatales de publicidad en medios tenga una priorización no solo de audiencia o alcance, sino que tenga una calidad social y esté acorde a la actual realidad en la que vivimos, una realidad que necesita reactivar su economía fortaleciendo las empresas que pueda generar trabajo para los peruanos.

Esta propuesta introduce nuevos criterios para la distribución de la publicidad estatal, la cobertura geográfica de los medios y su presencia a nivel distrital, provincial, departamental, regional y nacional, y no solo se haga bajo criterios restringidos o cerrados como alcance (sintonía y lectoría), de tal manera que la comunicación gubernamental sea más efectiva, eficiente y eficaz.

Fiscalización de medios

La iniciativa aprobada alude a la necesidad de fiscalizar, ya que se tiene conocimiento que existen empresas que no tienen autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para prestar servicios de radiodifusión sonora y televisiva, ello es una forma de promover informalidad y competencia desleal, en cuanto al servicio y las interferencias en la señal de las radioemisoras legalmente autorizadas.

El Gobierno central anualmente invierte millones de soles en publicidad estatal. El 90 % lo hace mediante un selecto grupo de medios de comunicación de la capital, denominados equivocadamente “medios nacionales”. Ninguna de estas corporaciones llega al 100 % del país. Todos pertenecen a no más de 14 empresas corporativas de medios de la capital.

PRENSA-CONGRESO