El Pleno del Congreso, aprobó por mayoría, la moción de interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas, quien deberá acudir el próximo jueves 21 de marzo a las 09.00 de la mañana, a fin de que responda al pliego de 21 preguntas sobre los términos del acta del Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios suscrito con la empresa Odebrecht, por el procurador ad hoc para el Caso Lava Jato, funcionario que depende de su despacho.

            La votación se realizó tras casi dos horas de debate entre los congresistas. Con la asistencia de 83 parlamentarios, 58 registraron a favor, 24 en contra y 1 abstención.

            La lista de oradores comenzó con la legisladora Yeni Vilcatoma de la Cruz (FP), quien explicó los detalles del acta de acuerdo de colaboración. Demandó que sólo se van a tener en cuenta cuatro de 20 casos de corrupción en ejecución de obras.

            Dijo que el monto inicial era mayor al logrado, de solo  610 millones de soles de reparación civil. Refirió que el procurador debió presentar un nuevo monto y que la forma en la que se ha pactado era muy grave y sin ningún tipo de respaldo legal.

            Detalló que encima, el procurador, decidió que se pagase en 15 cuotas anuales: tres por un monto de 80 millones de soles, dos por 75 millones de soles y otras 10 por la suma de 22 millones de soles cada una y sin intereses.

            “Se ha encaminado contra las normas para que no paguen lo que debe ser. Ese monto de 610 millones se pactó en un acuerdo y se pretende disfrazar ese atentado contra los intereses de todos los peruanos. El presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro de Economía, Carlos Oliva, deben responder sobre ese tema. Igualmente, exigimos la destitución del procurador. Los peruanos no queremos corrupción”, señaló la congresista.

            Lourdes Alcorta Suero (FP), por su parte, informó que hace un año la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, a cargo de Jorge Miguel Ramírez Ramírez, calculó una reparación civil de 3,468 millones de soles, que debería pagar la constructora brasileña Odebrecht por los daños ocasionados al Perú.

            Gilbert Violeta López (PPK), indicó que el control de la legalidad de los acuerdos no es competencia del Congreso, sino el Poder Judicial. No se puede aprobar esta interpelación, porque habrá una interferencia de poderes, expresó.

            Añadió que cuando se estableció los 610 millones de soles, fue sobre la base que se dio en una declaración en Estados Unidos. “En eso estamos de acuerdo, pero ese filtro que tiene que validarlo lo tiene que hacer el Poder Judicial. La oposición que hacemos es de corte legal”.

            “No se puede interpelar al ministro de Justicia porque la palabra lo tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esa acta no es competencia del Parlamento ni del Ministerio de Justicia”, sostuvo.

            Justiniano Apaza Ordoñez (FA), por su lado, dijo que pedir explicaciones sobre ese convenio era una clara interferencia. El Ministerio Público  es autónomo.

            “Este Congreso, en mayoría, aprobó esa moción y ahora critican. El Frente Amplio se opuso, por los beneficios que iba a tener la empresa brasileña. El juez debe determinar, nosotros no somos nadie para hacerlo. Lo correcto es lo correcto y ahora se lamentan”, comentó.

            Wilbert Rozas Beltrán (FA), señaló que ellos estuvieron en contra, en ningún momento a favor y ahora quieren venganza política para ocultar lo que sucede acá.

            Luego, el legislador Mario Mantilla Medina (FP), expresó que no se debe engañar a la población. Aún se está en la etapa de investigación, no está judicialmente. No hay ninguna interferencia a ningún poder del Estado, sostuvo.

            Dijo que Fuerza Popular no fue gobierno, por ende no está encubriendo nada. Lo que pretendemos es que venga el ministro de Justicia para que asuma su responsabilidad política”, añadió.

            Gino Costa Santolalla (BL), sostuvo por su parte que el acuerdo fue firmado por los fiscales del caso. A ellos tenemos que solicitarle las explicaciones. El procurador es autónomo, dijo; no recibe indicaciones ni órdenes del ministro de Justicia.

            “El que tiene que pronunciarse sería la juez que tiene el caso. No debemos adelantar opinión ni pedir responsabilidad que no le compete al ministro de justicia. El monto de la reparación civil va acompañada de intereses y los montos de los sobornos”, agregó.

            Víctor García Belaúnde (AP), consideró que las cifras que maneja su colega Gino Costa en que se está pagando 5 a 1, es de un “primarioso” y que coima que van a devolver, será una propina.

            “Ahora nos van a pagar con la misma plata. El mismo cheque que el Perú pagará, lo devolverán. Lo robado no se devuelve. Donde ésta el Estado, cuál es su dignidad. Qué vergüenza”, subrayó.

            Jorge del Castillo Gálvez (CPA), denunció que el presidente Martín Vizcarra no ha dicho que los números de ese pago deben ser aprobados por el Ministerio de Justicia. Después, tras solicitar la visualización de un video, dijo que tenemos que hacer cuestión de estado porque el gobierno desentendió  la defensa del país ante presencia de senderistas.

            Marisol Espinoza Cruz (APP), remarcó que Odebrecht pagó en Estado Unidos más de dos mil millones de dólares y que en el Perú la cifra era ínfima.

            César Villanueva Arévalo (APP), opinó que las cifras pueden ser altas o bajas, gustarnos o no, pero son ínfimas “y yo lo veo así también”. Pero no es competencia del ministerio de Justicia, sino de la Procuraduría, del Ministerio Público.

            “El monto de 610 millones de soles está establecido, pero se sumarán otros proyectos más adelante. No se puede comparar estas cifras con las de los Estados Unidos. Tiene que haber formas de recuperar esos fondos. No tiene sentido llamar al ministro de Justicia”, manifestó.

            Jorge Meléndez Celis, refirió que hay autonomía funcional del procurador. El control de legalidad lo hace el Poder Judicial, por lo tanto el caso no ha terminado. No es competencia del ministro de Justicia, remarcó.

            Luego, la congresista Karina Beteta Rubín (FP), afirmó que no se podía mentir a la población y que era falso que se vaya a interferir en la decisión del fiscal. El procurador actuó negligentemente contra el Estado peruano. Hay justificación para que el ministro de Justicia venga al Congreso a responder.

            Finalmente, Roberto Viera Portugal (NA), aseveró que “no podemos permitir este abuso con los recursos e intereses que les corresponde a todos los peruanos. No podemos darles 15 años  a Odebrecht para que nos pague la suma de 610 millones de soles, cuando a Estados Unidos ya le pagó 2,600 millones de dólares. Ahora se oponen a que venga el ministro de Justicia a dar explicaciones. Hemos perdido soga y cabra, nos han robado olímpicamente”, subrayó el congresista.

            Luego de la votación, el presidente de la sesión, Daniel Salaverry, suspendió la sesión para reiniciarla a las 3:30 de esta tarde. (JCHOY)

PRENSA CONGRESO