La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Rosio Torres Salinas (APP), declaró procedente los informes de calificación de las denuncias constitucionales contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, por presunta infracción constitucional y la probable comisión de delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, así como contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elvia Barrios Alvarado, por presuntamente haber infringido la Carta Magna.

La infracción constitucional que habría incurrido el presidente del JNE se sustenta en el hecho que Salas Arenas dispuso la suspensión en el ejercicio del cargo como miembro titular del JNE al exfiscal supremo, Luis Arce Córdova, para dar lugar a la convocatoria del reemplazante. Mientras que Zoraida Ávalos habría infringido la Constitución porque ordenó, sin convocar a la Junta de Fiscales Supremos, que el fiscal supremo, Víctor Rodríguez, se incorpore -de manera inmediata- como magistrado del JNE.

La denuncia contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, por infracción constitucional, es por presuntamente haber avalado la resolución judicial que ordenó al Congreso suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

En razón que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó iniciar estas investigaciones, lo que sigue a continuación será solicitar a la Comisión Permanente del Congreso para que se le otorgue el plazo reglamentario con la finalidad de presentar los informes finales.

Por otro lado, el grupo de trabajo designó a la congresista, María Taipe Coronado (PL), para que sea la ponente de la denuncia constitucional 196 (ex 451), formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso y negociación incompatible así como a las exministras de Cultura, Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén , por la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura entre los años 2018 al 2020.

De igual manera, se encargó al congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País), la denuncia constitucional 132, presentada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, contra el expresidente de la República Manuel Merino De Lama, el expresidente del Consejo de Ministros Ántero Flores-Araóz Esparza, y el exministro del Interior Gastón Rodríguez Limo, como presuntos autores por omisión impropia, del delito de homicidio en agravio de Jordan Sotelo y Jack Bryan Pintado y lesiones graves y lesiones leves de los heridos durante las protestas ciudadanas en el mes de noviembre del 2020.

Su colega, Wilson Soto Palacios (AP), asumirá la denuncia constitucional 75 (ex 417), formulada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, contra el exjuez supremo César José Hinostroza Pariachi, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y patrocinio ilegal.

Por su parte, Alejandro Muñante Barrios (RP), tendrá a su cargo la denuncia constitucional 188 (ex 368), presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el excongresista Héctor Becerril Rodríguez, por la comisión de delitos penales.

OFICINA DE COMUNICACIONES