Iniciativas legislativas que ayudarán a mantener un equilibrio ambiental y social, fueron aprobadas el miércoles 15 por la Comisión de Energía y Minas que preside la congresista Yessica Apaza Quispe (UPP).

Durante la sesión de trabajo, se aprobó, por unanimidad el dictamen del proyecto de Ley 3944/2018-CR, que propone exigir al peticionario y/o titular minero el cumplimiento de todos los compromisos adoptados en convenios, actas, contratos y estudios ambientales, en beneficio de las comunidades de las áreas de influencia mineras, con la finalidad de impulsar su desarrollo social, económico y cultural, entre otros aspectos vinculados a este tema.

La iniciativa prevé también la exigencia del cumplimiento por parte del Estado peruano, comprende desde el compromiso previo en forma de Declaración Jurada que el peticionario minero debe cumplir para obtener el título de la concesión minera hasta la culminación de sus operaciones.

Así mismo, para el cumplimiento de los compromisos pre establecidos se incluyeron recomendaciones como la necesidad de establecer el porcentaje de inversión en los proyectos de desarrollo productivo, precisar los porcentajes mínimos, entre otros que surjan de las partes involucradas.

Se estableció que todos los compromisos adoptados en convenios, actas o instrumentos, como consecuencia de un proceso participativo celebrado entre el titular minero y los representantes de la comunidad del área de influencia minera son válidos, obligatorios y exigibles por parte del Estado.

Sobre este tema, los parlamentarios       Yessica Apaza Quispe (UPP), Julia Ayquipa Torres (Frepap), Manuel Aguilar Zamora (AP), Mariano Yupanqui Miñano (SP), Miguel Vivanco Reyes (FP), coincidieron en señalar la importancia de la iniciativa, señalando al mismo tiempo, la fragilidad del Estado en hacer cumplir las leyes para este caso y la no sanción a quienes atentan contra las comunidades y el medio ambiente.

En esa misma línea los legisladores Carmen Omonte Durand (APP), Hans Troyes Delgado (AP), Lenin Checco Chauca (FA), y María Palomino Saavedra (PM), señalaron que existen empresas mineras que no cumplen con la realización de las consultas previas a las comunidades, así como la existencia de grupos económicos con intereses en el sector minero y de hidrocarburos.

“Esta norma servirá para mejorar el desarrollo social de las comunidades, se sancione a los responsables y pueda haber convivencia entre la sociedad y la empresa. Sin embargo, tenemos un Estado que no fiscaliza ni sanciona, habría que validar los procesos y estar vigilantes para se cumplan y se respeten a las comunidades y el medio ambiente”, refirió el legislador Roberto Chavarria Vilcatoma (UPP).

En la segunda parte de la reunión, también se aprobó el dictamen del proyecto de ley 4205/2018-CR, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la ejecución del proyecto de disminución de la contaminación minera en La Cuenca Media y Baja del Río Grande Presa Huacchani, en el departamento de Puno.

Al respecto y antes de su aprobación, se dio a conocer que en gran parte de nuestro país, la contaminación minera ha ido y sigue dejando una diversidad de impactos socio-ambientales negativos en la población de las áreas afectadas, y que el departamento de Puno no es la excepción.

Actualmente Puno viene sufriendo la contaminación de metales pesados en sus diferentes cuencas, como en Jatun Ayllu (Ocuviri Lampa), en la cuenca de Llallimayo (Melgar), la cuenca del ria Ramis (Azángaro), la contaminación de la cuenca del ria Grande que abarca entre otros como Ananea, Cuyocuyo, Putina, Crucero y Potoni de las provincias de Azángaro, Carabaya, Sandia y San Antonio de Putina.

“Frente a esta problemática de nunca acabar, con justo derecho la población afectada ha mostrado su total rechazo a la contaminación producida por metales pesados provenientes de la minería, con protestas y paralizaciones para que el Poder Ejecutivo los escuche y tomen acciones para la solución a la contaminación producida por las empresas mineras concesionadas por el Estado”, manifestó la titular de este grupo de trabajo, congresista Yessica Apaza (UPP).

Lima, 15 de julio de 2020

PRENSA – CONGRESO