La Comisión de Salud y Población del Congreso, presidida por el congresista Luis Picón Quedo (PP), aprobó por mayoría y con cargo a redacción el dictamen recaído en los proyectos de ley 09150/2024-CR y 10071/2024, los cuales promueven y fortalecen el trabajo de los agentes comunitarios de salud en la atención primaria para el cuidado integral de la población.

La iniciativa plantea modificar los artículos 2, 5 y 6, e incorpora los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 30825, «Ley que fortalece la labor de los agentes comunitarios de salud».

La propuesta tiene como objetivo elevar el estatus de los agentes comunitarios y garantizar la sostenibilidad de su labor como actores fundamentales en la respuesta comunitaria en salud.

La congresista Sigrid Bazán Narro (BDP), autora de uno de los proyectos, subrayó la relevancia de su trabajo en zonas de comunidades indígenas y afroperuanas, especialmente en contextos de violencia de género y en lugares donde la atención integral es escasa.

Añadió que este proyecto no solo reconoce la labor de los agentes comunitarios, sino que busca otorgarles un espacio normativo que los ha tenido históricamente marginados, a pesar de su vital rol durante la pandemia de COVID-19.

“Durante la pandemia, los agentes comunitarios fueron esenciales para la orientación emocional y las capacitaciones sobre los protocolos de salud. Sin embargo, la legislación actual los considera como voluntarios, lo que significa que no reciben ningún tipo de compensación del Estado por un trabajo que realizan con dedicación. Este proyecto busca eliminar el término ‘voluntarios’ y garantizar que el Ministerio de Salud otorgue algún tipo de compensación”, afirmó la congresista Bazán.

Por su parte, la congresista Silvana Robles Araujo (BS) saludó la iniciativa legislativa y sugirió incluir la medicina tradicional indígena en los programas de capacitación para los agentes comunitarios de salud. También propuso mantener espacios de coordinación con autoridades y organizaciones indígenas, asegurando una participación activa de estos pueblos en el proceso.

El congresista Elías Varas Meléndez (JPVP) resaltó el espíritu solidario y el compromiso de los agentes comunitarios, quienes, a pesar de no estar reconocidos dentro de la jerarquía del Ministerio de Salud, cumplen un papel crucial en la promoción de la salud y el bienestar de sus comunidades.

Mery Infantes Castañeda (FP) expresó su preocupación sobre la carga financiera que representaría para las municipalidades rurales el aspecto remunerativo del proyecto, debido a la carencia de recursos.

Desde el bloque de la bancada BDP, la congresista Susel Paredes Piqué defendió la inclusión de los agentes comunitarios dentro del sistema nacional de salud y la eliminación del término “voluntarios” en el proyecto. Además, sugirió que se incluyan botiquines comunales entre los materiales entregados a los agentes, especialmente en las zonas rurales e indígenas donde los establecimientos de salud son inaccesibles.

En otro punto de la agenda, el grupo de trabajo también aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 04818/2022-CR, 05326/2022-CR y 06103/2023-CR, que propone la creación de un Centro Especializado de Investigación y Atención Integral para Personas con Autismo, con un enfoque descentralizado para abarcar todo el ciclo de vida de las personas afectadas, así como un Observatorio para la protección de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), encargado de monitorear y evaluar las políticas públicas en este ámbito.

Al respecto, la congresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (RP) subrayó la importancia de este proyecto para más de 200,000 peruanos con autismo y sus familias, destacando que el Estado no puede dejar de lado a este sector vulnerable.

El congresista Elías Varas Meléndez (JPVP) también mostró su apoyo al proyecto, señalando que es imperativo que el Estado priorice la atención a las personas con autismo y garantice su inclusión en las políticas públicas.

Finalmente, la congresista Yeni López solicitó la eliminación de la expresión “otras entidades” en relación a los convenios, para precisar qué tipo de instituciones se verían favorecidas por los acuerdos propuestos en la propuesta legislativa.

Otros proyectos aprobados

La Comisión de Salud y Población aprobó, por mayoría (18 votos a favor y dos abstenciones), el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 8229/2023-CR, que autoriza el nombramiento de trabajadores del sector salud bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, de autoría del congresista Idelso García Correa (APP).

Asimismo, aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 010096/2024-CR, que declara de interés nacional y necesidad pública la detección temprana, el diagnóstico, la atención médica, la investigación clínica, la capacitación profesional, la asistencia y el tratamiento integral e interdisciplinario de las personas con enfermedades inflamatorias intestinales.

Finalmente, aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 06376/2023-CR, 08977/2024-CR, 09506/2024-CR y 09898/2024-CR, que promueven la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en pacientes con VIH, TBC e inmunosupresión.

Sustentación de proyectos

El congresista Hamlet Echevarría Rodríguez (JPVP) sustentó sus dos proyectos de ley. El primero reconoce los derechos laborales para los trabajadores de salud que han laborado de manera ininterrumpida en la modalidad de locación de servicios y en el régimen CAS.

El segundo se refiere a la modificación de la Ley 31539, que autoriza excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS – Covid a contrato CAS para personal asistencial en el sector salud.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL