Con 92 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 5652/2023-CR y 8907/2024-CR, Ley de reforma constitucional del artículo 93 de la Constitución Política del Perú, para restablecer la inmunidad parlamentaria.

Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dijo que, al tratarse de una reforma constitucional, “la propuesta será objeto de debate y de una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria”.

La iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi, quien sostuvo que la inmunidad parlamentaria es proteger la esencia de la representación popular y su existencia está extendida en muchos países democráticos de Europa e Iberoamérica, tales como Alemania, Grecia, Irlanda, Austria, Bélgica, Italia, Portugal, Chile, México, Argentina, Paraguay, entre otros.

“Responde a la necesidad de resguardar la independencia del Poder Legislativo y la libertad de sus miembros frente a las presiones e injerencias de otros poderes del Estado. Su finalidad es asegurar que los representantes elegidos por el pueblo puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias, especialmente cuando estas tienen un trasfondo político y buscar perturbar el normal desenvolvimiento del Congreso”, alegó.

A su turno, el legislador Wilson Soto (AP) manifestó que la inmunidad parlamentaria protege a la majestad del Parlamento para el correcto funcionamiento del control político, fiscalización y representación.

“No debe entenderse como una impunidad (…) siempre he creído que el Congreso debe ser una institución sólida y fuerte”, dijo.

Por su parte, Patricia Juárez dijo que a muchos legisladores no les interesa la institucionalidad del Congreso, porque creen que reestableciendo la inmunidad se está retrocediendo, cuando realmente se está corrigiendo un error cometido en medio de la presión y el populismo.

En contraste, la parlamentaria Ruth Luque (BDP) sostuvo que no tiene sentido legislar con privilegios, pues los congresistas son los primeros en rendir cuentas y ser transparentes.

“La inmunidad fue concebida para proteger la libertad de expresión de los legisladores y asegurar el ejercicio independiente de su función, pero esta figura fue usada como escudo para que los políticos no respondan ante los delitos”, acotó.

PROPUESTA

El texto establece que, desde el momento de su elección y hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, los parlamentarios no podrán ser procesados penalmente ni privados de su libertad sin autorización previa de la cámara a la que pertenecen o de la Comisión Permanente, la cual deberá pronunciarse en un plazo improrrogable de 30 días calendario.

Cabe recordar que la propuesta entraría en vigor a partir del proceso de Elecciones Generales 2026 en adelante, es decir, no será aplicable a los actuales parlamentarios. De esa manera, la inmunidad parlamentaria se reestablecerá para senadores y diputados bajo un marco legal que garantiza tanto la independencia del Poder Legislativo como el respeto al debido proceso y a la transparencia.

Asimismo, se ha incorporado una regla excepcional para casos de delito común flagrante, en  los cuales el parlamentario deberá ser puesto a disposición de su respectiva cámara o de la Comisión Permanente en un plazo máximo de 24 horas, para que autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

De no emitirse pronunciamiento dentro de los plazos señalados, se aplicará el silencio positivo, y el congresista será puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia, que decidirá si corresponde o no iniciar el proceso penal y proceder al desafuero correspondiente, poniéndolo a disposición del juez competente.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL