La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista José Luna Gálvez (PP), aprobó, por unanimidad, una propuesta legal que beneficia la ejecución de proyectos de inversión de los gobiernos regionales y locales del país.

Para tal efecto, se propone modificar el inciso 14.1) del artículo 14 de la Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, referido a las Inversiones financiadas con recursos de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, con el siguiente texto:

“Los decretos supremos que aprueban las transferencias de recursos en el marco del presente artículo se publican hasta el 16 de junio de 2023. Las propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 31 de julio de 2023”.

El presidente de ese grupo de trabajo, José Luna Gálvez (PP), dijo que esta modificación se justifica ante el cambio de gestión en los gobiernos regionales y locales donde ingresaron nuevas autoridades a partir del 1 de enero de este año, la emergencia por conflictos sociales, los efectos de la pandemia de la COVID-19 lo que conllevó a la paralización de la economía, y la emergencia por las intensas precipitaciones pluviales en el país.

“Ante este escenario, los gobiernos regionales y locales se vieron obligados a suspender la ejecución de los proyectos de inversión (…). Además, las nuevas autoridades regionales y locales han tenido dificultades en el levantamiento de observaciones y las subsanaciones para reiniciar la activación de nuevos proyectos y de los paralizados”, agregó el parlamentario.

La propuesta inicial del grupo de trabajo planteaba que “los decretos supremos que aprueban las transferencias de recursos en el marco del presente artículo se publican hasta el 16 de julio de 2023. Las propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 24 de junio de 2023”.

No obstante, congresistas de diversas bancadas consideraron que la fórmula debe extenderse hasta fines de julio con la finalidad de que los gobiernos regionales y provinciales puedan levantar las observaciones de sus obras dado que cuenta con un presupuesto asignado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

El congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) propuso se incluya una disposición transitoria final que establezca que los proyectos de inversión pública de las municipalidades, que no han podido ejecutar ni levantar sus observaciones por diversos motivos, tengan un plazo adicional final.

“La idea es que se permita a los municipios lejanos y remotos que muchas veces no tienen presupuesto para contratar a un ingeniero o un equipo técnico, en esta etapa puedan utilizar sus recursos tan necesarios para generar empleo y reactivar su economía. Lamentablemente hay una precariedad institucional que todos reconocemos, que atraviesa todo el sector público, no es exclusividad de ningún sector de gobierno”, expresó.

Dijo que ya hay un precedente del año pasado en el que el plazo fue hasta el 30 de agosto de 2022.

En la misma línea, el legislador Alfredo Pariona Sinchi (PL) dijo que lo que se busca con este proyecto es ayudar a las autoridades que han asumido la gestión municipal a que puedan subsanar las observaciones de sus proyectos, sobre todo en las zonas rurales del país.

El congresista Elías Varas Meléndez (PB) se sumó a las propuestas de sus colegas y aseveró que el plazo debe plantearse hasta el 30 de julio para que todos los presupuestos que están asignando puedan ejecutarse en obras viables para su población.

CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL

Seguidamente, el grupo de trabajo aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 3631/2022 y 4278, que proponen la ley de cambio de grupo ocupacional y de línea de carrera del personal asistencial del Ministerio de Defensa.

La propuesta tiene por objeto que el personal asistencial que se encuentra laborando como profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales del Ministerio de Defensa, los cuales desean desplazarse de una unidad ejecutora a otra o que a través de los años han estudiado y obtenido un título profesional puedan exceder a un puesto profesional, mejorando con ello sus condiciones laborales y personales.

Asimismo, propone autorizar la promoción interna de los profesionales mediante el ascenso en su carrera.

Luna Gálvez, durante la sustentación, señaló que esto permitirá regular un procedimiento para el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de salud civil del Ministerio de Defensa que incluya a personal bajo los regímenes de los decretos legislativos 276 y 1057 así como a personal contratado por servicios no personales de cualquiera de las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa.

INSISTEN EN AUTÒGRAFA

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República también aprobó, por mayoría, insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que propone la Ley que otorga en los concursos públicos un puntaje adicional en la entrevista personal al personal asistencial que brindó la atención directa a pacientes confirmados o sospechosos con la COVID-19 y amplía el tiempo de servicio brindado en estas condiciones, recaído en los proyectos de ley 2334/2022- y 2901/2022.

Al respecto, Luna Gálvez precisó que en la etapa de la entrevista personal, el personal asistencial que brindó servicios o hubiera contraído COVID-19 por el espacio de 6 a 24 meses se le considere un puntaje adicional de 25 a 100 %.

La bonificación es aplicable únicamente a estas instituciones: Ministerio de Salud y sus organismos públicos, los gobiernos regionales, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, la Sanidad de la Policía Nacional del Perú y el Seguro Social de Salud (ESSALUD).

El proyecto beneficia a los profesionales: médicos, cirujano dentistas, químico farmacéutico, obstetrices, enfermeros, médicos veterinarios, biólogos, sicólogos, nutricionistas, ingenieros sanitarios, asistentes sociales que son 3,281 y los técnicos y auxiliares de salud y los profesionales no asistenciales que suman 2,350.

De igual forma, aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 944/2021, Ley que amplía la cobertura del régimen de financiamiento subsidiado del SIS a personas adultas mayores que se encuentran en centros de atención residencial o reciben servicios en centros de atención de noche y personas con discapacidad que se encuentran en centros de acogida residencial.

INHIBICIÓN

Finalmente, se aprobó por unanimidad inhibirse de ver el dictamen recaído en los proyectos de ley 2367/2021, 2542/2021 y 4464/2022, que proponen la ley que restituye a los docentes en el Ministerio de Educación, luego de considerar que no es el grupo competente para tomar la decisión.

De igual manera, aprobó inhibirse de analizar el dictamen recaído en los proyectos de ley 1692/2021, 1717/2021, 2706/2021, 2977/2021 y 3222/2021 por el que se propone modificar la Ley 30493 que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.

OFICINA DE COMUNICACIONES