Con el propósito de adecuar el Reglamento del Congreso a una dinámica parlamentaria más efectiva y eficaz,  que permita mejorar la legitimidad del Parlamento ante la población, el Grupo de Trabajo encargado evaluar dicho documento aprobó, por unanimidad, su informe final elaborado sobre la base de seis proyectos de resolución legislativa que serán presentados a la Comisión de Constitución y Reglamento.

Con respecto al proyecto que propone modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso – referido a la aplicación temporal de la inmunidad parlamentaria- el informe señala que es constitucionalmente válida.   “Esta iniciativa se sustenta en la necesidad de mejorar la legitimidad ciudadana del Parlamento”, dijo el congresista Miguel Castro.

Además -señala el informe- es importante que el Reglamento del Congreso precise  el momento en que se inicia la aplicación de la inmunidad parlamentaria, pero debe ser materia de un estudio más especializado debido a que podría entenderse que el congresista es autoridad al término de la elección y, en otros casos, sólo al momento de su proclamación como tal.  

De igual manera,  el Grupo de trabajo se pronunció a favor de la iniciativa que propone priorizar en el debate del Pleno del Congreso,  los informes emitidos por las comisiones de Ética Parlamentaria, Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y Acusaciones Constitucionales.

“Resulta necesario aprobar normas de éste tipo que permitan consolidar la democracia y recuperar la confianza ciudadana en su institución representativa; por ello, se recomienda la priorización del debate, votación y aprobación de esta iniciativa”, señaló el coordinador del Grupo de Trabajo.

CONSULTA PREVIA 

De igual forma, se opinó a  favor del proyecto que propone incorporar – en el  Reglamento del Congreso- el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas y originarios sobre las medidas legislativas que les afecten.

Según esta propuesta, lo que se busca es una mayor seguridad jurídica y predictibilidad en la medida que las iniciativas legislativas alcanzarán una mejor calidad y legitimidad. Asimismo, permitirá prevenir conflictos sociales que se vienen produciendo en el país que, según la Defensoría del Pueblo, ascienden a 212 en el pasado mes de junio, la mayoría de los cuales tiene una naturaleza socio-ambiental.

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS  

Con respecto a la propuesta de crear una Oficina de Estudios Económicos en el Congreso de la República que permita mejorar el Análisis Costo Beneficio (ACB) de los proyectos de ley, el Grupo de Trabajo considera que la preocupación del Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio -proponentes- es válida y legítima; sin embargo, la creación de dicha oficina no resolvería el problema, ya que si no se elabora un correcto ACB, deberá ser observado por la comisión respectiva y no por una oficina.

FACULTADES FISCALIZADORAS

Con relación al proyecto que propone otorgar la condición permanente de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el Grupo de Trabajo señala que resulta viable, no obstante, sugiere que se pueda evaluar el establecimiento de un procedimiento de votación especial (por ejemplo, mayoría absoluta o calificada) para la aprobación al interior de la comisión, de iniciar y llevar a cabo una investigación sobre un asunto de interés público.

El informe aprobado precisa que debería estudiarse el establecimiento de mecanismos que permitan evitar la duplicidad de materias en las investigaciones que tendría a su cargo la Comisión de Fiscalización y Contraloría y las que serán asumidas por comisiones investigadoras ad-hoc, creadas para una materia específica.

CONTROL POLÍTICO

Respecto de la propuesta que modifica el artículo 91 del Reglamento del Congreso referido al control político de los Decretos de Urgencia, se señala que es viable su aprobación y con un mayor estudio por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento, considerando que lo que se quiere es que se realice un análisis efectivo de los parámetros constitucionales de los decretos de urgencia.

Finalmente, se recomienda introducir un artículo, dentro de la Sección Segunda referida al Procedimiento de Control Político, que se denomine “Procedimiento de control de decretos supremos sobre estados de excepción”.  Ello permitiría solucionar la falta de uniformidad en el procedimiento que se ha aplicado en la práctica parlamentaria durante los últimos períodos.

PRENSA CONGRESO