La Comisión de   Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Gustavo Rondón Fudinaga (SN), aprobó por mayoría el informe final sobre las presuntas irregularidades en el accionar del señor Manuel Burga Seoane, como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FFP).
  
En el informe, dado a conocer el miércoles 8, se concluye que existen indicios de la presunta comisión de delito de fraude en la administración de personas jurídicas, tipificado en el Código Penal, en su modalidad de administración fraudulenta referida a “usar en provecho propio o de otro, el patrimonio de la persona jurídica”, delito en el que habría incurrido, el ex directivo de la FPF. También habría facilitado el establecimiento de las condiciones favorables para el irregular desvío de los recursos dinerarios de la Federación Peruana de Fútbol.
  
También, según el informe aprobado, existirían indicios establecidos y razonables de la presunta comisión de delito de defraudación tributaria en agravio del Estado por parte de Manuel Burga, Máximo Franco, Edgar Araníbar, Pacheco Farromeque, entre otros, a título de autores.
  
Considerando los fundados indicios de responsabilidad expuestas en las conclusiones, la Comisión de Fiscalización concluye que existen indicios razonables de la comisión de delito de “lavados de activos en su modalidad de ocultamiento y tenencia”, teniendo como fuente ilícitos penales como fraude en la administración de persona jurídica y defraudación tributaria, entre otros delitos menores que serán puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación y sanción.
  
GESTIÓN DE INTERESES 
En el marco de la reunión del grupo de trabajo, también se aprobó, por mayoría, un proyecto de ley que propone la gestión de intereses en la administración pública y que tiene como objetivo regular esta actividad, entendida como aquella acción mediante la cual las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, promuevan o representen, de manera transparente, cualquier interés propio o de terceros, sea de carácter individual o sectorial con la finalidad de orientar las decisiones públicas que deben adoptar los empleados públicos con capacidad de decisión pública, entre otros aspectos derivados para este caso.
  
Al término de la sesión el parlamentario Segundo Tapia Bernal (FP), expuso un informe final del grupo de trabajo que preside relacionado con la investigación de presuntas irregularidades en el Ministerio de Salud y las empresas ABT Associates Perú SAC, PH y PR Plus y PRAES, entre otros, que habrían sido favorecidas en diversos contratos, entre otros aspectos vinculados con ese tema. Quedó pendiente para su votación.
  
De la misma forma, Javier Piqué del Pozo, presidente del Comité Permanente de la Norma Peruana de Diseño Sismoresistente del Perú, dio a conocer su opinión en relación a la investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción de la fase uno de la Línea 2 del Metro de Lima, en el tema de reducción de costos y sobre la seguridad sísmica de las estaciones de   pasajeros. (FAA).
  
PRENSA/CONGRESO
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