Con diez votos a favor, seis en contra y dos abstenciones la Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales (SAC), aprobó el informe final que recomenda el archivo de la Denuncia Constitucional 492 contra la presidenta de la repúbliCA, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, denominado como el caso Rolex.

Se trata de la denuncia presentada por el exfiscal interino de la nación, Juan Carlos Villena Campana, en mayo del año pasado, por el supuesto hecho de que la titular del Poder Ejecutivo habría recibido relojes Rolex y joyas del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favorecer presupuestalmente a su región.

La congresista delegada del caso, Nilza Chacón Trujillo (FP), encargada de la elaboración del informe final, recomendó el archivamiento de la denuncia, señalando que los hechos imputados no se encuentran contemplados en la Constitución.

Asimismo, sostuvo que el artículo 117 de la Carta Magna establece límites en las responsabilidades del presidente de la república y competencia del Poder Legislativo.

De igual manera, sostuvo que las acusaciones que se fundamentan en otros delitos e infracciones constitucionales tendrán lugar una vez que el presidente haya concluido su mandato constitucional.

El congresista Edgard Reymundo Mercado (BDP) cuestionó el informe señalando que no se han revisado puntos críticos de la denuncia, que deben ser estudiados por el Ministerio Público.

INFORMES DE CALIFICACIÓN

De otro lado, la subcomisión con 12 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, aprobó el informe de calificación que declara procedente la DC 327, interpuesta por el ciudadano Martín Severo Parra Saldaña, contra el expresidente de la república, José Pedro Castillo Terrones y el exministro del Interior, Alfonso Chávarry Estrada, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y falsedad genérica.

La secretaría técnica indicó que Parra Saldaña, teniente general en retiro debía haber pasado a ser comandante general, sin embargo, fue pasado al retiro, siendo reemplazado por quien tenía un rango inferior, en lo que constituye un acto arbitrario.

Seguidamente, con 18 votos a favor, en forma unánime, se declaró la improcedencia de la DC 546, interpuesta por la fiscal de la nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, contra los congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes (FP), Yorel Kira Alcarraz Agüero (PP) y María Del Carmen Alva Prieto (NoA).

También contra los legisladores Diego Alonso Fernando Bazán Calderón (RP), Patricia Rosa Chirinos Venegas (RP), George Edward Málaga Trillo (Avanza País) y Jorge Arturo Zeballos Aponte (RP), por la presunta comisión del delito de peculado doloso, tipificado en el artículo 387 del Código Penal.

AUDIENCIAS

Durante la décimo segunda sesión ordinaria de la subcomisión se desarrollaron dos audiencias en forma pública. Ambas, continuarán con el procedimiento la próxima semana en la que deberán concurrir denunciantes y denunciados.

La primera fue la audiencia de la DC 352, interpuesta por la congresista Roselli Amuruz Dulanto (Avanza País), contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por la presunta comisión del delito de colusión agravada.

También se desarrolló la audiencia de la DC 387, interpuesta por la exfiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra el exfiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas, por ser presunto autor de la comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

DELEGACIONES

Finalmente, a propuesta de la presidenta de la subcomisión fueron delegadas diversas denuncias constitucionales para su estudio y elaboración del informe de calificación, respectivo.

En tal sentido, fue encargado a la congresista Martha Moyano Delgado (FP), la DC 388 y 473 (acumuladas), interpuesta por la congresista Chirinos Venegas, contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Aldo Vásquez Ríos, Imelda Tumialán Pinto, Henry Ávila Herrera, Antonio De La Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán; por la presunta infracción a la Constitución y la posible comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

A la congresista Chirinos Venegas la DC 393, 394, 408 y 489 (acumuladas), interpuesta por los congresistas Jorge Carlos Montoya Manrique, José Ernesto Cueto Aservi (HyD), Roberto Enrique Chiabra León (APP) y María Del Carmen Alva Prieto (NoA) y por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (PP), por la presunta infracción a la Constitución.

Al congresista Luis Aragón Carreño (AP), la DC 331, interpuesta por la congresista Chirinos Venegas, contra el exministro de Economía y Finanzas Pedro Andrés Toribio Topiltzin Francke Ballvé y la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, por la presunta infracción a los artículos de la Constitución.

Al congresista Héctor Ventura Ángel (FP) la DC 449, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, contra el exministro de Salud Jorge Antonio López Peña, por la posible comisión del delito de Enriquecimiento ilícito.

A la congresista Chirinos Venegas la DC 498, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, contra el expresidente de la República José Pedro Castillo Terrones y el exministro de Energía y Minas Eduardo Eugenio González Toro, por la presunta comisión de los delitos de Negociación incompatible o aprovechamiento Indebido del cargo, y nombramiento Ilegal, tipificados en los artículos 399 y 381 del Código Penal.

Al congresista Víctor Flores Ruiz (FP) la DC 511, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, contra el congresista Nivardo Edgar Tello Montes (PP), por la posible comisión del delito concusión.

A la congresista María Jauregui (RP) la DC 514, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, contra el congresista José Alberto Arriola Tueros (PP), por la posible comisión del delito concusión.

OFICINA DE COMUNICACIONES E MAGEN INSTITUCIONAL