Con 12 votos a favor y 3 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final respecto de la denuncia constitucional 183 (ex 246) que propone acusar al exministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.

La denuncia fue formulada por los excongresistas Edmundo Del Águila Herrera, Paloma Rosa Noceda Chang y Armando Villanueva Mercado, por presunta infracción constitucional de los artículos 16 y 128 de la Constitución además de las posibles infracciones al Código Penal, antes mencionados.

El acuerdo se tomó en la sesión que se realizó el viernes 18 dirigidos por su presidenta la congresista Rosio Torres Salinas (APP).

La sustentación de dicho informe estuvo a cargo del congresista Edgard Reymundo Mercado (JPP) en su condición de delegado. Dijo que entre los fundamentos de hecho se ha contemplado que el exministro habría hecho caso omiso a las recomendaciones formuladas por sus predecesores de la Comisión de Educación del Congreso con relación a la elaboración e impresión de textos escolares cuestionados.

Además, se consideró que habría omitido vigilar y supervisar el contenido de los textos escolares correspondientes al año escolar 2019, tal es el caso del texto escolar denominado Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica para alumnos de 3er grado de secundaria donde aparece un link el cual contiene información relacionada al coito anal.

“los denunciantes señalan que han remitido una serie de oficios al denunciado solicitando información sobre el proceso de elaboración de los textos escolares en cuestión los que nunca fueron objeto de respuesta”, agrego Reymundo.

Al respecto el congresista Ernesto Bustamante (FP) dijo que el exministro no llevo a cabo las medidas correctivas. “No hizo lo correcto que era retirar aquellos textos y eso actos si son considerados como omisión de actos funcionales por lo cual le corresponde al juez penal asumir el caso”, dijo.

“El ministro conocía que había el enlace, el contenido del enlace no era adecuado para los alumnos porque se habla de medidas de higiene en prácticas sexuales que claramente no eran adecuadas para los alumnos de secundaria” agregó el legislador, al tiempo de considerar que la denuncia vaya al Poder Judicial y sea un juez penal el que determine la responsabilidad del exministro Alfaro.

AUDIENCIAS

En la sesión se llevó a cabo la audiencia respecto de la denuncia C 75 (ex 417), formulada por la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera, contra el exjuez Supremo, César José Hinostroza Pariachi, por presunta comisión de delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y alternativamente patrocinio ilegal tipificados en los art 400, 399 y 385 del Código Penal respectivamente en agravio del Estado.

Por la parte denunciante participó el fiscal adjunto supremo, Ludgardo Ramiro Gonzales, quien dijo se trata de dos hechos del caso denominado “Cuellos Blancos del Puerto” que tiene que ver con intercambio de favores entre el exjuez supremo Hinostroza Pariachi y Ticona Postigo en ese entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Hinostroza realiza una serie de llamadas telefónicas al entonces presidente del Poder Judicial para que se contrate a Bryan Rojas Alonso, hermano de Karen Rojas Alonso, secretaria del despacho donde ejercía funciones”, dijo.

Explicó que al señor Rojas no se le iba a renovar el contrato porque, de acuerdo a un informe, se le señalaba como un trabajador relajado.
“Hinostroza pide que se le dé una nueva oportunidad y accede el presidente del JNE y se dispone la contratación”, agregó al tiempo de advertir que se suspende la contratación de Karina Espinoza Torres quien iba a ser su reemplazo y si contaba con los estudios y especialidades para ello que no tenía Bryan Rojas.

Por su lado, César Hinostroza Pariachi -quien antes pidió que la sesión se lleve a cabo de manera pública porque dijo sentirse víctima de la fiscalía- negó conocer a Bryan Rojas.

“No conozco a Bryan Rojas. No ha habido ningún diálogo ni lo conozco ni nada”, afirmó Hinostroza al tiempo de advertir que “no existe ningún tráfico de influencias y no hay sustento jurídico en las acusaciones que hace la Fiscal de la Nación”.

También estuvo presente en la sesión, Víctor Ticona Postigo, quien se amparó en su derecho de abstenerse para declarar como testigo porque se trata de hechos que están siendo vistos en el ámbito penal. Del mismo modo participó como testigo la señora Idalia Guerrero.

El congresista, Wilson Soto Palacios (AP), tuvo a su cargo la presentación del informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. El legislador tendrá cinco días hábiles de plazo para presentar su informe final.

Posteriormente se llevó a cabo la audiencia respecto de la DC 188 (ex 368), formulada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, contra el excongresista, Héctor Becerril Rodríguez, por presunta comisión de delito de tráfico de influencias agravado tipificado en el artículo 400 de Código Penal.

NUEVAS PROGRAMACIONES

En otro momento, fue aprobado un nuevo cronograma de sesiones de audiencias respecto de denuncias constituciones que se llevarán a cabo en las siguientes semanas.

Así, el próximo viernes 25 de marzo -a las 13 horas- se continuará con la audiencia de la DC 171 (ex 143) caso ex consejeros de CNM delegada al congresista Paul Gutiérrez (PL).

Para el miércoles 30 de marzo -a las 08:00 horas- continuarán las audiencias de las DC acumuladas 182 y 184 (caso ex congresista Vieira) delegada al congresista Pariona y una hora después, se desarrollará la audiencia de las DC 146 y 167 (caso del exministro Basombrío) delegado al congresista Jorge Flores Ancachi (AP).

Para el viernes 01 de abril del 2022 al medio día se procederá con la continuación de la audiencia de la DC 132 (caso expresidente Merino) delegado al congresista Alejandro Cavero (Avanza País).

OFICINA DE COMUNICACIONES