La Comisión de Constitución aprobó, por unanimidad con 17 votos a favor, el informe final del Grupo de Trabajo encargado del estudio de las reformas al Código Procesal Constitucional.

Fue en la sesión virtual que se realizó el martes 9 y luego de que el congresista Calos Mesía (Fuerza Popular), en su condición de coordinador, presentara los detalles de la propuesta. Esa labor fue compartida con los congresistas Luis Roel Alva (Acción Popular) y Carlos Almerí (Podemos Perú) también integrantes del equipo de trabajo.

“Esta propuesta que presentamos va a iniciar un dialogo enriquecedor, va a ser un legado de la Comisión de Constitución y creo que puede ser uno de los grandes aportes de este Congreso que siempre ha tenido la buena intención de trabajar por el bienestar del país. Y esas han sido las motivaciones que nos han dado fuerza y aliento para sacar adelante esta propuesta que ponemos a su disposición” dijo Mesía al tiempo de expresar su deseo de que el debate permita mejorar el anteproyecto y se materialice en una norma que posteriormente sea aprobada.

En cuanto al Título Preliminar se incorpora la institución procesal del amicus curiae y el control de convencionalidad. “Bajo la atingencia de que, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y los tratados, se debe preferir las normas que protegen mejor a la persona y sus derechos humanos”, dijo Mesía.

Por otro lado, en cuanto al Artículo VI referido a precedente vinculante, dijo que se innova en la creación, modificación o apartamiento de un precedente vinculante que requiere el voto conforme de cinco (5) magistrados. Mientras que, en los procesos de acción popular, la sala competente de la Corte Suprema de la República también puede crear, modificar o derogar precedentes vinculantes con el voto conforme de tres (3) jueces supremos. Asimismo, precisa de forma detallada los requisitos necesarios para su procedencia.

Con relación al Título II, de los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, señaló el legislador que se prohíbe el rechazo liminar de las demandas a fin de garantizar un mayor acceso a la justicia constitucional, toda vez que en los últimos tiempos se ha podido observar una escasa o casi nula protección de los derechos fundamentales, debido a que los jueces han exagerado su visión de los procesos constitucionales como supletorios.

“El grupo considera que la improcedencia debe ser analizada en la sentencia que pone fin a la instancia, e incorpora una etapa de audiencia única con la finalidad de aminorar las etapas procesales para hacer más expeditivos los procesos. En esta audiencia, el juez valora las pruebas, escucha a las partes y si considera oportuno, resuelve en el acto”, agregó Mesía.

Entre las reformas al Código Procesal Constitucional que se propone en el anteproyecto, con respecto al proceso ante jueces constitucionales, destaca la necesidad de encargar su conocimiento a jueces y salas especializadas en materia constitucional y procesal constitucional. “Se contempla una norma transitoria que deja las cosas como están, pero que insta a la Junta Nacional de Justicia al nombramiento de jueces especializados, conforme a las necesidades que para ello le alcance el Poder Judicial”, sostuvo el coordinador del grupo de trabajo.

Sobre la interposición de la demanda en lengua aborigen se considera como un derecho del justiciable el de presentar las demandas en su lengua originaria, si es que ella predomina en el lugar donde se la interpone. “El grupo considera de urgente necesidad que este postulado constitucional se materialice a fin de avanzar en la democratización de la justicia”, dijo Mesía.

Respecto del derecho a la defensa pública especializada en materia constitucional se contempla que para ayudar al que menos tiene en la protección, restitución y defensa de los sus derechos, el grupo propone –al igual que la defensoría pública en materia penal– la creación de una defensoría pública especializada en materia de procesos constitucionales.

En el debate, la congresista María Retamozo (Frepap) observó que es claro que actualmente hay una alta demanda de tutela urgente en materia previsional, pero cuestionó si será la vía constitucional el mejor medio para hacer valer este derecho. Por otro lado, dijo si un amparo en materia previsional –ahí en los distritos donde no haya especialidad constitucional– debe ser conocido por un juez civil y no por un juez especializado en los contencioso administrativo.

Por su parte, el legislador Guillermo Aliaga (Somos Perú) se refirió a la improcedencia liminar y dijo que esa figura se mantenía para hacer un ligero filtro y no generar recarga en el sistema.

A su turno, Gino Costa (Partido Morado) opinó que el informe y el anteproyecto de ley presentados requieren de un amplio debate “Necesitamos consultar un poquito más a jueces para tener una propuesta que no sea solo buena, sino que tenga un consenso doctrinario y político”, dijo.

“Está clarísimo que el Código Procesal Constitucional necesita, exige, requiere y demanda que hagamos un cambio, una mejora, una modificación, y para ello se requiere un punto de partida y este informe de este grupo de trabajo es un gran punto de partida”, sostuvo el congresista Luis Valdez, presidente de la comisión de Constitución.

Subrayó que se trata de un insumo que servirá como material de trabajo para un eventual futuro proyecto de ley.

“El informe del grupo de trabajo que se concreta con la presentación de un anteproyecto del Código Procesal Constitucional, el que luego de su votación –eventualmente aprobado– también servirá como una propuesta de proyecto de ley para que los congresistas que así lo consideren puedan presentarlo –como una propuesta de autoría multipartidaria que es una opción– ante el área de tramite documentario y seguirá su curso regular normal de acuerdo con el reglamento del Congreso”, puntualizó.

Agregó que, una vez presentado el proyecto, la comisión de Constitución y Reglamento procederá a dictaminarlo y se convocará para el debate a los principales actores de la justicia constitucional en el Perú.