El Grupo de Trabajo que evalúa el Decreto de Urgencia 021-2019 aprobó por unanimidad su informe final, en el que concluye que dicho instrumento legal garantizará la sostenibilidad de las inversiones en la exploración en el sector minero y de hidrocarburos.

“A la luz del test de constitucionalidad, cumple con los requisitos formales y sustanciales (excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad) establecidos en la Constitución Política y las sentencias del Tribunal Constitucional”, afirmó el congresista Gilbert Violeta al exponer el informe en la sesión que realizó el miércoles 22 de enero.

Violeta explicó que el Decreto de Urgencia 021-2019 tiene por finalidad prorrogar la vigencia de las leyes 27623 y 27624, que disponen la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera y de hidrocarburos durante la fase de exploración.

Este beneficio tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 y con el mencionado decreto se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022. En la sesión participaron los congresistas Mario Mantilla y Clemente Flores.

TAREA PARA EL PRÓXIMO CONGRESO
El informe elaborado contempla recomendaciones muy puntuales para el próximo Congreso.

“A fin de evitar regímenes transitorios, se recomienda proponer al próximo Congreso de la República declarar de necesidad pública e interés nacional la elaboración e implementación de un Plan Nacional de Competitividad para Desarrollo del Sector Minero y de Hidrocarburos”, dijo el congresista Violeta.

Subrayó, además, la necesidad de regular un tratamiento tributario especial que incentive las inversiones en estos sectores cruciales para el desarrollo del país, garantizando un equilibrio en lo económico, social y ambiental.

Violeta precisó que el informe recomienda aprobar leyes que simplifiquen los procedimientos administrativos que hoy tutelan las actividades de exploración minera y de hidrocarburos desregulando, abreviando los trámites y reduciendo la “permisología”, así como el establecimiento de mecanismos para la solución de los conflictos sociales.

Agregó que es necesario evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales de los alcances de la Ley 27623, que dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración de la actividad minera, con el propósito de diseñar nuevos mecanismos de promoción (no tributarios) de inversiones que entren en vigencia luego del término del plazo de extensión establecidos en el DU 021-2019.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 22-01-2020

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