Por mayoría de votos fue aprobado el informe final de la Comisión de Fiscalización y Reglamento, con facultades investigadoras,  en el caso del ex consejero presidencial en materia de salud, Carlos Moreno Chacón y otros implicados quienes habrían incurrido en los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir.

El documento, sustentado por el presidente de ese grupo de trabajo, Héctor Becerril (FP) será enviado al Ministerio Público “para que evalúe la posibilidad de si hubo algún tipo de delito que habrían cometido el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi; y la ministra de Salud, Patricia García.

Sobre el particular, el congresista Mauricio Mulder (CPA) consideró que existe justificación para que el caso del Presidente de la Republica sea visto por el Ministerio Público, porque “hubo ocultamiento y la intención de que los ilícitos de los que se le acusaban a Moreno y a otros implicados no se conocieran”.

“Hay un espacio de cuatro días entre el conocimiento que él asume de los audios difundidos por un medio de televisión y el momento en que ordena al jefe de Asesoría Jurídica que se encargue del tema y no la Procuraduría, que es como correspondía”, afirmó..

Becerril Rodríguez explicó que la recomendación del informe es para que el Ministerio Público determine el grado de participación de Kuczynski, Zavala y García.

Fue ante la reacción de las congresistas oficialistas Janeth Sánchez y Ana María Choquehuanca, quienes rechazaron esa parte del documento por considerar que no está probado que haya habido intención de proteger a Moreno por parte del Mandatario y que Moreno hubiera propuesto para el cargo a la ministra de Salud, Patricia García.

Becerril recordó que cuatro días después de conocerse los cuestionamientos a Moreno, el Presidente dijo que éste “había renunciado por exceso de trabajo”.

“Mintió al país. El Presidente sabía que no era así, sino que las verdaderas razones fueron los ilícitos que habría cometido Moreno Chacón”, enfatizó el legislador.

El congresista Yonhy Lescano (AP) pidió que también se investigue las suscripciones con el Centro de Gastroenterología del Hospital Loayza, entre otros,  y consideró que también hubo delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

De otro lado, también se informó, entre otras recomendaciones, la que se hace al Ministerio de Salud y a las autoridades del Seguro Integral de Salud (SIS) para que disponga el inicio de las investigaciones en la sede administrativa contra los funcionarios y servidores públicos que hubieran incumplido sus deberes funcionales.

Entre los hechos mencionados se encuentra el convenio suscrito entre el SIS y el Arzobispado de Lima y la Clínica de Osteoporosis SAC, que afectaron bienes jurídicos tutelados por el Estado.

Otros de los implicados son Carlos Aguirre Paredes, Julio Acosta Polo, Aldo Peirano Castillo, Miguel Sifuentes Melgarejo y Walter Muñoz Cho.

MINISTRO DE ECONOMÍA

De otro lado, la comisión accedió al pedido del ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, de ser reprogramada su presentación – prevista para este miércoles 14- para el próximo viernes, en una sesión extraordinaria. Fue luego de debatir la hora, puesto que el titular del MEF planteó que sea a las 11:00 horas, lo que fue  considerado inconveniente por la mayoría de los integrantes de la comisión.  A mano alzada, se decidió que sea a las 09:00 horas.

Thorne Vetter había solicitado la semana pasada presentarse ante la comisión para explicar las circunstancias del audio sobre una conversación que sostuvo con el contralor Édgar Alarcón difundido por un programa de televisión el domingo 4 del presente mes.

El congresista Mauricio Mulder (CPA) pidió que las interrogantes no se circunscriban al audio difundido, sino al contexto del caso que indaga ese grupo de trabajo con facultades de Comisión Investigadora por encargo del Pleno del Congreso.

PUNO

Finalmente, expuso su informe final, el congresista Lucio Ávila (FP) coordinador del grupo  encargado de investigar los presuntos actos de corrupción, posibles delitos y otros actos irregulares  en el proceso de selección y en la ejecución del proyecto “Drenaje Pluvial de la ciudad de Juliaca, en San Román, Puno”.

Ávila Rojas, después de un minucioso trabajo de investigación realizado por su grupo integrado por Justiniano Apaza (FA) y Carlos Domínguez (FP), recomienda al Ministerio Público iniciar investigación penal contra el actual alcalde de la provincia de San Román, Oswaldo Marín Quiro (colusión agravada, peculado doloso, omisión y rehusamiento de actos funcionales y contra la administración pública); David Mamani Paricahua, fallecido exalcalde de San Román (colusión agravada, negociación incompatible y otros delitos), al igual que al exgerente municipal Nicanor Condemayta; José Conchillo (Consorcio Uros) y Víctor Castañeda (Consorcio Supervisión Juliaca), entre otros funcionarios. Ellos estuvieron involucrados en la aprobación del deficiente expediente técnico; irregularidades en la fase de selección y en la de ejecución actual de la obra.

Debido a los actos irregulares y los pagos adelantados que se hicieron la actual gestión municipal debe recuperar S/. 64 millones 673 mil 353 soles.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría dejó al voto el informe final para la próxima semana. (MED).

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