En forma unánime, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó la propuesta proveniente del Poder Judicial que plantea modificaciones a la nueva Ley Procesal del Trabajo, el establecimiento de la doble conformidad, como límite para la interposición del recurso de casación.

En efecto, la iniciativa legislativa propone que en los casos en que la Sala Superior confirme la sentencia de primera instancia, ya no procedería el recurso de casación en materia laboral, porque al existir ‘un doble conforme’ la probabilidad de certeza es mayor.

El objetivo de la propuesta es optimizar el recurso de casación laboral para fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República, que como tribunal de casación tiene por finalidad revisar la legalidad de los procesos y unificar la jurisprudencia a nivel nacional.

Se señala que el proyecto de ley parte de la base de que la sobrecarga laboral está siendo un obstáculo para el cumplimiento de sus fines, por lo cual se proponen las referidas modificaciones.

Otra de las modificaciones se refiere a la elevación del monto mínimo de cien a 500 Unidades de Referencia Procesal (URP) para interponer el recurso de casación. Asimismo, establecer que el voto de calificación del recurso por la Corte Suprema sea expedido por el voto conforme de tres jueces supremos y no cuatro o cinco, a fin de facilitar la emisión de resoluciones.

A pedido de los congresistas José María Balcázar Zelada (PL) y Ruth Luque Ibarra (CD-JPP), la presidenta de la comisión, Gladys Echaíz (APP), dictó un cuarto intermedio para afinar la fórmula. Cumplido el plazo de 30 minutos, la votación decidió su aprobación.

SUSTENTACIONES

Durante la sesión, se escuchó la sustentación de los congresistas Héctor Valer Pinto (PD) y Jorge Carlos Montoya Manrique (RP) sobre sus respectivas iniciativas legislativas.

El primero propone la ley que modifica la Ley del Martillero Público y el Código Procesal Penal referido a la actividad del martillero público y la necesidad de concordar las normas que existen al respecto, para permitir que en los remates públicos electrónicos se realicen con la participación de este profesional.

El segundo PL propone la ley que modifica el Código Penal, para incrementar las penas a quienes cometan delitos de tala ilegal, tráfico con productos forestales y obstrucción de los procedimientos de investigación, verificación, supervisión o auditoría.

OFICINA DE COMUNICACIONES