Con el objetivo de favorecer la inserción de los jóvenes al campo laboral, la Comisión de Mujer y Familia, presidida por la congresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (RP), aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 5664, 5768 y 5999, que propone modificar el Decreto Legislativo 1401, el cual aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, a fin de equiparar el servicio de voluntariado con las prácticas preprofesionales y profesionales.

El texto modifica los artículos 5 y 10 del Decreto Legislativo 1401, a fin de que los servicios prestados por los voluntarios puedan ser equivalentes a una práctica preprofesional o profesional, siempre y cuando los servicios prestados guarden correspondencia a la formación académica, sustentó la presidenta de la Comisión.

A su turno, el parlamentario Raúl Huamán Coronado (FP), autor del proyecto de ley 5768, dijo que de esta manera se busca valorar y reconocer el trabajo del voluntariado de muchos jóvenes que no pueden alcanzar un puesto trabajo por falta de experiencia laboral.

“En cualquier concurso -incluso para el Estado- siempre piden como requisito mínimo de cinco años de experiencia laboral, siendo este el primer candado que se le coloca a los jóvenes profesionales”, afirmó.

En otro momento la Comisión aprobó por unanimidad (09 votos a favor), el dictamen del proyecto de ley 4246/2022CR, que propone, con texto sustitutorio, la Ley que declara de interés nacional la celeridad de los procedimientos y procesos tutelares por riesgo y desprotección familiar en el marco del Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

La legisladora Magaly Ruíz Rodríguez (APP), autora de la iniciativa, refirió que el fin de la propuesta es mejorar las intervenciones públicas de los procesos vinculados a situaciones de riesgo o de desprotección familiar.

Agregó que esta norma contribuirá a que los operadores de justicia y responsables del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente construyan nuevas alianzas estratégicas que coadyuben a la celeridad de los procesos tutelares, y con ello permitan la posibilidad de que los menores, puedan integrarse en un menor tiempo al seno de la familia de manera definitiva.

Sustentación de proyectos

De otro lado, el legislador Víctor Raúl Cutipa Ccama (NoA), sustentó el proyecto de Ley 5128, que modifica e incorpora normas jurídicas a la Ley 30490, Ley de la persona adulta mayor, para precisar los derechos y beneficios de las personas adultas mayores en el ámbito social, laboral, tributario, previsional y de salud.

A su turno, la parlamentaria Katy Ugarte Mamani (UyD), explicó los alcances de su proyecto 3180, que busca modificar la Ley 30490, Ley de la persona adulta mayor, para establecer el derecho a tarifa diferenciada en el servicio público de transporte urbano e interurbano a las personas adultas mayores de 65 años a más.

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