La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Catherin Palomino Casavilca (Juntos por el Perú), aprobó por mayoría (12 votos a favor y 7 en contra) el dictamen que propone derogar parcialmente la Ley 32735, con el fin de precisar el delito de función y restituir parcialmente la vigencia de los artículos modificados por dicha norma.

La Ley 32735, promulgada el 20 de junio de 2026, modifica el Código Penal Militar Policial, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1094, y el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante el Decreto Legislativo 957, para precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones para los militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales.

De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa busca resolver el debilitamiento de la garantía del juez natural y el consiguiente riesgo de impunidad generados por la Ley 32735, que amplió el concepto de «delito de función» y estableció la preferencia de la jurisdicción militar policial para resolver las contiendas de competencia.

Por ello, la propuesta tiene como objetivo restituir la plena competencia de la justicia penal ordinaria para investigar y juzgar los delitos comunes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Para ello, plantea la derogación parcial de la Ley 32735 y el restablecimiento del marco normativo anterior en materia de delito de función y competencia jurisdiccional.

Con esta medida, se busca preservar las sanciones agravadas aplicables a los militares o policías que colaboren con organizaciones criminales, en concordancia con la Constitución Política del Perú y los estándares interamericanos de derechos humanos.

El dictamen se sustenta en las proposiciones legislativas 004-2026-2031-CD y 00189-2026-2031-CD, a las que se acumuló la Proposición Legislativa 00543-2026-2027-CD.

DEBATE

La votación se realizó luego de un amplio debate, que incluyó las exposiciones del director de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, general José Manuel Chamba; del presidente del Consejo Consultivo de la Asociación de Oficiales Generales de la PNP (ADOGEN-PNP), teniente general Raúl Salazar Salazar; y del abogado penalista César Azabache Caracciolo.

La diputada Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular) solicitó que se incorporaran al dictamen los aportes de los invitados y que se requiriera información estadística actualizada sobre las detenciones policiales y los resultados de las investigaciones penales. Asimismo, propuso ampliar el debate, pues, de lo contrario, «significa que esto es un mero trámite cuando ya hay una posición ideológica y política» tomada.

En la misma línea se pronunciaron Cecilia Chacón de Vettori y Carlos Domínguez Herrera, ambos de Fuerza Popular. Ambos solicitaron esperar a que se resuelvan las demandas interpuestas ante el Tribunal Constitucional y escuchar nuevamente a los especialistas.

Por su parte, Fernando García Huby (Partido del Buen Gobierno) sostuvo que el tema se reduce a la inconstitucionalidad de la Ley 32735, pues, a su juicio, el artículo 173 de la Constitución Política del Perú establece claramente los alcances de esta materia. Añadió que, con la modificación propuesta, se dotaría al país del ordenamiento jurídico adecuado.

A su turno, César Hoguín Loaiza aclaró que es erróneo afirmar que se busca suprimir el fuero militar. «Lo que se quiere corregir es una aberración legal e inconstitucional que, en lugar de restringir, distorsiona el concepto de delito de función», señaló. Asimismo, advirtió que la norma establece, como agravante, la preferencia del fuero militar cuando se presenta un conflicto de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia militar.

RESTITUCIÓN

A continuación, la comisión aprobó por mayoría (12 votos a favor y 7 en contra) el dictamen recaído en la Proposición Legislativa 00022-2026-2031-CD, que, mediante un texto sustitutorio, propone derogar la Ley 32130 y restituir la vigencia de los artículos modificados por dicha norma.

El primer artículo del texto aprobado plantea derogar la Ley 32130, que modifica el Código Procesal Penal, aprobado mediante el Decreto Legislativo 957, con el propósito de fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.

PRESCRIPCIÓN

Mediante una cuestión previa, aprobada por mayoría, la comisión acordó conformar una mesa técnica para continuar el debate del predictamen que propone modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal en materia de suspensión del plazo de prescripción, con el fin de establecer un límite proporcional a dicha suspensión en el ámbito de la acción penal.

La iniciativa se sustenta en las proposiciones legislativas 00002-2026-2031-CD, 00007-2026-2031-CD, 00009-2026-2031-CD, 00471-2026-2031-CD y 00494-2026-2031-CD, acumuladas para su análisis.

SUSTENTACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Al término de la sesión, se sustentaron tres proposiciones legislativas.

En primer lugar, la diputada Roxana Rocha Gallegos (Renovación Popular) sustentó la Proposición Legislativa 00188-2026-2031-CD, que busca garantizar el pago oportuno de alimentos.

En segundo lugar, José Baella Malca (Renovación Popular) sustentó la Proposición Legislativa 00046-2026-2031-CD, que propone modificar diversos artículos del Código Penal para establecer la cadena perpetua en determinados supuestos agravados de sicariato (artículos 108-C y 108-D), violación sexual (artículos 171, 172 y 174), extorsión (artículo 200, numeral 200.9, mediante la incorporación del literal f) y corrupción de funcionarios, específicamente en casos de colusión agravada (artículo 384).

Finalmente, Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación) sustentó la Proposición Legislativa 00006-2026-2031-CD, que propone modificar el Código Penal para prevenir y sancionar la violencia sexual digital mediante el uso de inteligencia artificial.

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