Con 88 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6084/2023-CR que, con texto sustitutorio, optimiza la democracia representativa y establece medidas en la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas.

La propuesta se enmarca dentro de la reforma para fortalecer a los partidos políticos como actores necesarios de la democracia, al margen de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir sus integrantes.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular), expresó que la iniciativa garantiza el funcionamiento partidario frente a situaciones que pongan en riesgo su disolución por hechos individuales de sus militantes.

De esta forma, se modifica el artículo 105 del Código Penal con la finalidad que a los partidos políticos no se les pueda aplicar las mismas reglas de disolución o suspensión que se aplica a las personas jurídicas comunes sea con fines de lucro o no.

“Los partidos políticos no podrán ser sujetos de disolución, suspensión o del cierre de sus locales por la vía judicial, sino que su régimen sancionador se rige por la Ley N° 28094, Ley de organizaciones políticas y sus estatutos partidarios”, acotó la parlamentaria.

Moyano Delgado explicó que juzgar los actos individuales de los militantes incluyendo a las organizaciones políticas, también significaría trasladar las consecuencias penales a afiliados y simpatizantes quienes se verían perjudicados con la perdida de la opción política.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza Castillo (Perú Libre), señaló que la iniciativa busca salvaguardar la institucionalidad de los partidos políticos y la participación ciudadana.

“Muchas personas dedican esfuerzo y tiempo para formar parte de las organizaciones políticas donde son parte de la toma de decisiones, desde los cargos por elección popular en el país”, manifestó Gonza Castillo.

Finalmente, con 92 votos a favor la propuesta fue exonerada del trámite de segunda votación.

Posturas durante el debate

El parlamentario Guido Bellido Ugarte (Perú Bicentenario) señaló que la norma precisa que sean los militantes involucrados en hechos penales quienes respondan por sus actos, sin involucrar a los partidos políticos.

De la misma forma se pronunció el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre) quien destacó que no se puede criminalizar a una organización política por sus integrantes.

Por el contrario, la congresista Ruth Luque Ibarra (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) se mostró en contra de la iniciativa, ya que afectaría investigaciones que están en curso.

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