Con 14 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que preside la legisladora Martha Moyano (FP), aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6084/2023 CR, que propone optimizar la democracia representativa y establece medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas.

La propuesta busca modificar el artículo 105 del Código Penal, así como el artículo 5 de la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. De esta manera, la responsabilidad respecto a un delito será de forma individual y no del partido político.

“La responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito, respecto de quienes se dispone la separación de la organización política de conformidad con lo dispuesto por la legislación electoral y el estatuto del partido político al que pertenece”, se indica en el dictamen.

Asimismo, se detalla que, en el caso de los partidos políticos, no se le aplicará lo dispuesto en los números 1,2 y 3 del Código Penal, que refiere a medidas de clausura de locales, disolución del partido político y la suspensión de sus actividades.

Respecto a las medidas administrativas contra las personas jurídicas, se plantea que no se aplique a los partidos políticos los literales b, d y e de la Ley 30424. Una de ellas se refiere a la suspensión de realizar actividades sociales.

DEBATE

Durante el debate, la congresista Martha Moyano señaló que el dictamen plantea claramente que los delitos que cometa un militante o dirigente de un partido se asume de forma personal y explicó que existe una ley electoral para los partidos políticos.

“Cuando alguien se afilia a un partido político no se adhiere a una organización criminal aun cuando el directivo comete un delito, que debe asumirse de forma individual. Ya el partido, que tiene estatutos, puede expulsarlo”, dijo la titular de Constitución.

Por su parte, el legislador Waldemar Cerrón (PL), autor de la citada iniciativa, dijo que los delitos corresponden a las personas y no a las organizaciones políticos por culpa de algunos militantes. En tanto, su colega Gladys Echaìz (RP) dijo que las personas jurídicas sí pueden ser sancionadas, pero hay algunas que nacen con la finalidad de fomentar y darle estabilidad a un país, como son los partidos políticos.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL