La Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó hoy, por unanimidad (17 votos), el dictamen que propone agregar un nuevo supuesto para declarar el agotamiento de la vía administrativa con el fin de aplicarla “en el caso de que la pretensión verse sobre el contenido esencial del derecho a la remuneración”.

Fue en su calidad de segunda comisión dictaminadora, y durante su segunda sesión extraordinaria, dirigida por su vicepresidenta Isabel Cortez Aguirre (BDP).

Al respecto, el primer grupo de trabajo dictaminador es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que ya aprobó un dictamen favorable.

De acuerdo con la exposición de motivos, esta propuesta es viable, en tanto no se contrapone a la estructura de un proceso administrativo y contencioso administrativo en la vía jurisdiccional; y necesaria, “por cuanto recoge las observaciones que desde la doctrina y la jurisprudencia ya se han formado”.

La propuesta legal se sustenta en el Proyecto de Ley 04730/2022-CR y permitirá “que el accionante o demandante pueda iniciar su proceso ante el órgano jurisdiccional en la vía contencioso-administrativa de forma más célere”.

Para cumplir dicho objetivo se modifica el artículo 19 de la Ley 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo, para incorporar un quinto literal; el artículo en mención plantea excepciones al agotamiento de la vía administrativa, y establece condiciones para no exigir el agotamiento de la misma.

El literal incorporado precisa: “Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al derecho a la remuneración, ya sea que se peticione el pago de la remuneración básica, remuneración total, remuneración permanente, las bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los incentivos, las compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento, y que haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa”.

INSISTENCIA

Previamente, la Comisión aprobó por mayoría (17 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención) el dictamen de insistencia del texto original de la Autógrafa de Ley que modifica diversas normas legales con el propósito de proteger los derechos laborales de los progenitores que trabajan en el sector privado o el sector público.

La fórmula legal, sustentada en los proyectos de ley 1330/2021-CR, 1934/2021-CR, 2127/2021-CR, 2890/2021-CR, 2948/2022-CR, 3317/2022-CR, 3514/2022-CR, 4312/2022-CR, fue aprobada durante la sesión plenaria del 13 de marzo del 2024, y su Autógrafa observada por el Poder Ejecutivo el 8 de julio del mismo año.

El fin es proteger el permiso a la trabajadora embarazada para acudir a sus controles médicos prenatales, así como el derecho de subsidio por maternidad, paternidad y lactancia, y establecer medidas de protección contra el despido laboral de las madres gestantes y los padres con vínculo laboral vigente si su despido o no renovación se producen luego de comunicado el embarazo.

Durante el debate, el congresista Jorge Morante Figari (SP) planteó una modificación al texto original para que la norma no desestabilice las finanzas de EsSalud, opinión que fue compartida por Tania Ramírez García (FP); posición que no fue aceptada.

SOLICITUD

La Comisión de Trabajo también aprobó, por unanimidad (18 votos), solicitar al Consejo Directivo el envío del Proyecto de Ley 9872/2024-CR, Ley que reconoce como experiencia laboral la prestación de servicios realizada en el marco del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) regulado por la Ley 23330, tanto para el ámbito público como privado.

Será como segunda comisión dictaminadora, y por contener materia laboral. La primera comisión dictaminadora es Salud y Población.

 EXPOSICIONES

Luego, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Trabajo y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) expusieron sobre el estado situacional del proyecto de decreto supremo que aprueba el nuevo reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS).

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