La Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Héctor Ventura Ángel (FP), aprobó -por mayoría (13 votos a favor, uno en contra y una abstención)- un nuevo marco legal orientado a reactivar los proyectos de inversión pública que se encuentran hoy en día paralizados a nivel nacional.

Se trata del dictamen recaído en el PL 791/2021-CR, que plantea una ley dirigida a coadyuvar una efectiva prestación de servicios públicos, a través de la adecuada utilización de los recursos económicos del Estado y que -a su vez- contribuirá en la dinamización de la actividad económica.

El presidente de la comisión dictaminadora informó que en los últimos años el nivel de la inversión pública ha estado limitado por la incapacidad de las autoridades para destrabar proyectos (por deficiencias técnicas en los expedientes del proyecto, arbitrajes y limitaciones presupuestales) y para invertir eficientemente los recursos fiscales.

Es más, dijo que según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en nuestro país se pierde el 40% del presupuesto de inversión pública, precisamente por ineficiencias en la gestión de los proyectos de las obras públicas.

Durante el debate correspondió a los congresistas Elías Varas y Pasión Dávila, ambos de Perú Libre, sugerir que la proposición sea más específica.

 CONTROL CONCURRENTE

La Comisión de Fiscalización también aprobó -por mayoría- el dictamen recaído en los PL 1004/2021- CR y 1091/2021-CR en el cual se plantean medidas para garantizar que el control concurrente sea vinculante, como por ejemplo, con la participación de profesionales especializados y con experiencia.

“Si una situación adversa no se corrige y, a partir de ello, se advierte un posible perjuicio al Estado, porque no se dictan medidas preventivas y correctivas, corresponderá al Sistema Nacional de Control aplicar el control posterior para la identificación de los responsables”, dijo el congresista Ventura.

También se aprobó -por mayoría- el dictamen recaído en el PL 411/2021-CR, que propone un régimen especial de sanciones administrativas en la Ley de Contrataciones del Estado aplicable para las micro y pequeñas empresas.

A pedido del congresista Arturo Alegría García (FP), se planteó invitar a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez Chino, para que responda las denuncias de presunto plagio en su tesis de licenciatura.

De Igual forma, se solicitó que sea invitado el periodista, José Luis Leiva, para que relate los hechos que evidenciarían una presunta mala práctica de la ministra Chávez Chino y del rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Javier Lozano.

OFICINA DE COMUNICACIONES