En su cuarta sesión extraordinaria, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones Soriano (bancada APP), aprobó cuatro informes de calificación que recomiendan declarar improcedentes el mismo número de denuncias constitucionales y su respectivo envío al archivo.

El primer informe corresponde a la Denuncia Constitucional 504, formulada por el exfiscal de la nación (i) Juan Carlos Villena Campana, contra el congresista David Jiménez Heredia (bancada FP), por la posible comisión del delito de peculado doloso.

Se acusó al congresista, de acuerdo con un informe televisivo difundido el 10 de diciembre de 2023, por el presunto uso de una servidora de su despacho para labores privadas durante el horario laboral. Fue aprobado por mayoría: 12 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

El segundo informe es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 626, formulada por el ciudadano Edilberto Azabache Castro, contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de prevaricato agravado, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, encubrimiento real y personal, asociación ilícita para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Se acusó a la magistrada por el presunto archivo de denuncias que contenían delitos graves y razonables de corrupción en la Universidad de Piura. El respectivo informe fue aprobado por mayoría: 11 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.

El tercer informe es el correspondiente a la Denuncia Constitucional 644, formulada por Delia Espinoza Valenzuela, en su actuación como fiscal de la Nación, contra el congresista Alejandro Soto Reyes (bancada APP), por la posible comisión de los delitos de concusión y peculado.

Se acusó al parlamentario de haber solicitado a servidores de su entorno, montos de dinero para publicitar sus actividades en las redes sociales. Fue aprobado por mayoría: 11 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

El cuarto informe es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 650, formulada por los ciudadanos Irma Cayo Sánchez y Jorge Otoya Villalva, contra el expresidente del consejo de ministros Pedro Angulo Arana, la exfiscal de la nación Patricia Benavides Vargas, exministros de Estado, jueces supremos, y más de 60 congresistas.

La denuncia fue por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de organización criminal, rebelión, fraude procesal, aceptación indebida del cargo, genocidio, homicidio calificado-asesinato, tortura, usurpación y prevaricato/fallo o dictamen ilegal.

Se les acusó de haber realizado un procedimiento irregular del proceso de vacancia del expresidente Pedro castillo Terrones, así como fue irregular su detención. Fue aprobado por mayoría: 9 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

AUDIENCIA
En el inicio de la sesión, se continuó y finalizó la audiencia correspondiente a las denuncias constitucionales 563 y 618 (acumuladas) en contra de la fiscal de la nación suspendida, Delia Espinoza Valenzuela, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Se le acusa a la magistrada haber iniciado una investigación en contra de 11 congresistas por haber aprobado un proyecto de ley que les permitía cobrar una remuneración y una pensión al mismo tiempo.

Esto significa, en palabras del denunciante, “invadir esferas exclusivas del Poder Legislativo, ni atribuir naturaleza delictiva a actos legislativos, porque al hacerlo desnaturaliza la función fiscal, altera la separación de poderes y compromete la estabilidad del orden constitucional”.

De acuerdo con el literal d.5 del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la titular de la Subcomisión otorgó al delegado ponente: Elvis Vergara Mendoza (bancada AP), el plazo de 5 días hábiles para entregar su informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL