La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, con 20 votos a favor y 2 abstenciones, el dictamen de los proyectos de ley que plantea la creación de la circunscripción de electores peruanos residentes en el extranjero. Para ese efecto se modifica el artículo 21 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

“Con los dos escaños o curules establecidos con esta modificación legal se hace realidad un viejo anhelo -de hace 20 años- de nuestros connacionales con el reconocimiento de sus derechos de representación política”, dijo el congresista Omar Chehade Moya (APP) presidente de dicha comisión al sustentar la propuesta en la sesión virtual que realizó el martes 16.

Respecto de la modificación, dijo que queda establecido que, para la elección de los congresistas, el territorio de la República se divide en 27 circunscripciones electorales: una (1) por cada departamento, la Provincia Constitucional del Callao, Lima Provincias y Peruanos Residentes en el Extranjero.

Inmunidad parlamentaria

Previamente, la comisión debatió el predictamen respecto de 14 proyectos de ley que proponen la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria de los congresistas por actos delictivos cometidos antes de su elección, y establece el silencio parlamentario positivo.

Al sustentar la propuesta, el congresista Omar Chehade dijo que 5 proyectos de ley coinciden al plantear la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, mientras que “los otros 9 proponen que no alcance a los congresistas por actos cometidos antes de ser elegidos y otros la aplicación del silencio parlamentario positivo”

“Lo que se quiere es terminar con el ilegítimo uso de esta figura por parte de algunos congresistas en épocas pasadas para la impunidad”, dijo Chehade

Indicó que la propuesta plantea la modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre lo referido a que los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

En ese sentido, no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por:

1) Delito flagrante, caso en el cual el juez actúa de acuerdo a sus atribuciones y 2) Sentencia condenatoria emitida por juez competente, por delitos cometidos con anterioridad a su elección.

Cabe precisar que, en ambos casos, la decisión jurisdiccional debe ser comunicada al Congreso de la República.
“La inmunidad de proceso y de arresto no alcanzan a delitos cometidos o por los que se les hubiera investigado o procesado con fecha anterior a su elección”, remarcó Chehade.

En el predictamen se señala que el Congreso tiene 30 días hábiles para resolver el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso y 10 días hábiles, para el de arresto. “De no resolverse en los plazos previstos, se entenderá que el pedido ha sido autorizado”, sostuvo el presidente de la comisión de Constitución al sustentar el dictamen.

Durante el debate el congresista Carlos Almerí Veramendi (PP) dijo que gran parte de la población cree y piensa que ante el dicho popular que “otorongo no come otorongo” nos protegemos y esto ha dejado mal al Congreso de la República.

“La bancada Podemos Perú estamos a favor de la inmunidad parlamentaria”, dijo el legislador al tiempo de solicitar que en la redacción del predictamen se incluya la sentencia condenatoria firme y en cuento a la decisión jurisdiccional recomendó que sea la Corte Suprema la instancia de juzgamiento.

Por su parte, el legislador Luis Roel Alva (AP) observó que la inmunidad de proceso y de arresto no debe alcanzar a los delitos anteriores a su elección (del congresista). Por otro lado, Ali Mamani Barriga dijo que una medida similar también debería aplicarse al presidente de la Republica parque pueda ser procesado por delitos de corrupción durante su mandato.

A su turno, Mirtha Vásquez Chuquilín (FA) subrayó que hay cambios sustanciales que debemos valorar, entre ellos, dijo, se busca solucionar algunos inconvenientes como el que los procesos duran tiempo indefinido porque no hay un plazo perentorio se plantea el silencio positivo.

En su intervención, el legislador Carlos Mesía (FP) opinó que no se debe eliminar la inmunidad parlamentaria porque, indicó, si partimos de la base que porque el pueblo lo pide vamos a «desestructurar» la democracia que tiene su base en la separación de poderes. “Hay que salvaguardar el contrapeso entre el poder Legislativo y el Ejecutivo”, subrayó.

Al concluir el debate el presidente de la comisión dijo que se tomarán en cuenta las observaciones de los legisladores a fin de enriquecer el texto y votarlo en una próxima sesión.

6% del PBI al sector salud

En otro momento, fue debatido el predictamen de la ley de reforma constitucional (Art. 7 y 9) que garantiza el adecuado financiamiento de la salud pública.

Chehade Moya manifestó que se propone que, por ser un derecho humano fundamental y en armonía con el equilibrio presupuestario, el Estado destine anualmente para el sector salud, no menos del 6 % del Producto Bruto Interno, bajo responsabilidad. Además, su aprobación tiene carácter prioritario en el examen de la Cuenta General de la República que realiza el Congreso de la República.

Al respecto, el congresista Diethell Columbus (FP) recomendó afinar la redacción respecto del porcentaje que se pretende asignar, toda vez que podría ser utilizado para planillas gasto corriente y cuando lo que se quiere en gastos de inversión en el sector salud como infraestructura y equipamiento hospitalario.

Por su parte, Carlos Almerí dijo que en este momento no es la coyuntura -a pesar de la pandemia- para consignar un porcentaje para que se destine al sector salud, porque se proyecta que vienen años de recesión post pandemia que impactarán en la economía nacional.

Con las opiniones de los congresistas el texto será enriquecido y puesto a votación en una próxima sesión.

Lima, 16 de junio de 2020

PRENSA-CONGRESO