La ministra de la Mujer y legisladora, Ana María Choquehuanca, propuso reformular la legislación para establecer la obligación de jueces penales de dictaminar medidas de protección y medidas cautelares contenidas en los artículo 16 y 22 de la Ley  30364 que manda  prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Fue durante su presentación en la sesión de la Comisión de la Mujer y Familia que preside la congresista Marita García (FP), a la que la ministra  acudió por iniciativa propia y propuso modificaciones  en  favor de leyes más drásticas y el cumplimiento de estas para castigar a los agresores de mujeres.

Choquehuanca sostuvo que es necesario evaluar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en los casos de violencia contra las mujeres y grupo familiar, así como los vacíos legales.

La ministra mostró su preocupación por los diversos casos de impunidad y aplicación de sanciones benévolas que no corresponden a la gravedad de los hechos. Estos se relacionan con investigaciones y recaudación deficiente de evidencias y pruebas testimonios valiosos  que se dejan de lado o la falta de utilización de tecnología y ciencia disponible para establecer la verdad de los hechos.

El Ministerio Público –denunció la ministra –  da prioridad al resultado del informe del médico legista  sin considerar el contexto de violencia y los riesgos existentes para la salud e integridad de las víctimas. Aplicando estos criterios los fiscales denuncian por faltas leves a los casos que debieron ser calificados como tentativas de feminicidio.

En otros casos, se rebaja las penas aplicando la “confesión sincera” y la terminación anticipada del proceso bajo el argumento de lograr la paz, afirmando que la  inocencia se presume y la culpabilidad se prueba.

La legisladora Gladys Andrade Salguero (FP), solicitó a la ministra que tome acciones en casos puntuales como la ‘ridiculización’ que se hace de su lideresa Keiko Fujimori por parte de algunos medios de comunicación, porque esto constituye también violencia psicológica, afirmó.

Patricia Donayre (PPK) por su parte se aunó al pedido de Andrade y recordó que también con ella se dio el caso de acoso político y  violencia psicológica sin que sus colegas en el Congreso se hayan pronunciado para respaldarla.

La presidenta de la Comisión Marita García sostuvo que se debe trabajar por el respeto a la mujer sin ningún tinte político y coincidió en la necesidad de reformular la legislación que está siendo muy permeable con los agresores hacia las mujeres del país.

Día Internacional de la Niña

En otro momento de la sesión se hicieron presentes niñas de diversas edades y procedencias, las mismas que visitaron el Congreso en el marco de la celebración del Día Internacional de la Niña 2017.

La presencia de las visitantes fue para poner en evidencia la situación de fragilidad que afrontan  mil 100 millones de niñas en el mundo. Ellas se pronunciaron por el reconocimiento de sus derechos y solicitaron a las legisladoras leyes que las protejan.

La legisladora Tania Pariona recordó que en la sierra y selva las niñas sufren mayor discriminación y falta de oportunidades y los casos de agresiones y feminicidios son soslayados. Por ello propuso modificar la legislación para obtener pena efectiva para los casos de violencia que se incrementan día a día por la flexibilidad de las leyes. (EPA).-

PRENSA CONGRESO

11-10-17