La Comisión de Vivienda y Construcción, presidida por la parlamentaria María Agüero Gutiérrez (PL), aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6075/2023-CR, que propone establecer el marco legal especial para facilitar el acceso a servicios públicos de los pueblos indígenas u originarios, organizados como comunidades nativas, comunidades campesinas u otros.

Además, de asociaciones provivienda con derechos de propiedad adquiridos antes de la declaración del bien inmueble como patrimonio cultural de la nación, a fin de impulsar el bienestar y desarrollo de dichas poblaciones.

La propuesta garantiza el derecho a acceder a una vida digna, manteniendo el equilibrio entre la implementación de los servicios públicos y la preservación del patrimonio cultural de la nación, y adaptando la atención de dichos servicios a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales del entorno.

Las comunidades se benefician de acceso a servicios públicos tales como agua y desagüe, energía eléctrica, internet y gas, que propicie la formalización de vivienda y titulación, así como el acceso a la atención en salud, educación, seguridad y otros derechos reconocidos en concordancia con las normas establecidas de convivencia armoniosa con el patrimonio cultural de la nación.

El Ministerio de Cultura es el ente rector encargado de emitir un informe técnico favorable para la protección y preservación del bien inmueble declarado como patrimonio cultural de la nación antes de la instalación, con pertinencia cultural, de los servicios públicos, en coordinación con la entidad desarrolladora del servicio público, en convivencia armoniosa con el patrimonio cultural de la nación.

Para la implementación de lo establecido por esta ley, corresponderá a las entidades competentes aplicar lo dispuesto en la Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en caso de que corresponda.

La comisión también aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1403/2021-CR que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la expropiación del predio denominado área de reserva cumbre Salaverry (Trujillo-La Libertad), para la construcción de un complejo hospitalario, que incluya el nuevo instituto regional de enfermedades neoplásicas y un hospital para la atención de niños, entre otros.

Asimismo, se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6952/2023-CR que, propone modificar la Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público, garantizando que los procesos se realicen de manera completa y eficaz.

Igualmente, se aprobaron los dictámenes recaídos en el Proyecto de Ley 4589/2022-CR, que plantea modificar el artículo 2 de la Ley N° 31526, crea el bono de arrendamiento de vivienda para emergencias y en el Proyecto de Ley 3592/2022-CR, que propone clasificar y establecer los ambientes mínimos para la infraestructura y equipamiento en las instituciones de educación básica regular públicas.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL