En sesión conjunta, las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno, y de Transportes y Comunicaciones, recibieron la opinión institucional de organismos del Estado sobre el Proyecto de Ley 12723/2025-CR, que adopta medidas extraordinarias y transitorias contra la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público.

El mencionado proyecto fue presentado el 9 de octubre último por el congresista José Jerí oré, en su calidad de presidente del Congreso de la República, en atención a las demandas de los gremios de transportistas y en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la mesa de trabajo que se realizó el 2 de octubre en el Palacio Legislativo.

En palabras del titular de Transportes, Juan Carlos Mori Celis (AP), el proyecto “es uno de los acuerdos adoptados en las siete mesas de trabajo que se realizaron con la participación del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, y de los gremios de transportistas; ello, fue ratificado en la mesa técnica del 16 de octubre”.

“El objetivo es aprobar el dictamen de este proyecto en esta semana, ponerlo a debate en el Pleno lo antes posible, de tal manera que la ley esté aprobada en este mes o, como máximo, la primera semana de noviembre”, dijo.

Por su parte, la titular de la Comisión de Defensa y Orden Interno, Karol Paredes Fonseca (AvP), señaló que “esta sesión conjunta simboliza el compromiso del Parlamento con la búsqueda de soluciones normativas integrales, fundadas en la cooperación interinstitucional y el principio de corresponsabilidad del Estado”.

“El análisis de las medidas planteadas en el proyecto de ley debe darse en la convicción de que la seguridad pública y la estabilidad económica del país solo puede consolidarse en políticas coherentes, participativas y sostenibles”, sostuvo.

Agregó que el Congreso, como poder del Estado y espacio de representación nacional, reafirma su vocación de servicio, de diálogo constructivo y de defensa del interés general de la Nación.

PROYECTO DE LEY
El Proyecto de Ley 12723/2025-CR, que adopta medidas extraordinarias y transitorias contra la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público, contiene cuatro artículos y cinco disposiciones complementarias finales.

La iniciativa establece un conjunto de medidas de prevención y preparación, respuesta y atención inmediata, reactivación del servicio y recuperación de la capacidad económica de la empresa de transporte público con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad del servicio de transporte público.

La finalidad de estas medidas extraordinarias es “reducir el riesgo y prevenir la ocurrencia de actos de extorsión o sicariato, fortaleciendo la seguridad económica, institucional y operativa de las empresas de transporte público mediante acciones de prevención financiera, seguridad operativa, inteligencia criminal, capacitación empresarial y apoyo financiero preventivo”.

Entre estas medidas se encuentran: “Supervisar la recepción de pagos en efectivo por concepto de “cupos”, “vacuna”, “colaboración”, “aporte”, “paradero”, “seguridad”, o cualquier eufemismo usado para ocultar el carácter extorsivo de la transacción o aparentar una relación comercial o gremial legítima, a fin de detectar movimientos extorsivos hacia cuentas bancarias (…)”.

Además, “seguridad operativa de transporte público y certificación de rutas seguras; inteligencia y mapas de riesgo; capacitación en autoprotección y denuncia; apoyo financiero preventivo.

DEBATE
El primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, expuso algunas atingencias para que sean incluidas en el texto sustitutorio y señaló que “tenemos que trabajar juntos todos los organismos que están incluidos en el proyecto”.

En cuanto a la necesidad de contar con presupuesto para ejecutar estas medidas, precisó que hay también lo que se denomina “ejecución de presupuesto, hace 9 años que el Ministerio del Interior tiene dinero para comprar carros rompe manifestaciones y no los han comprado”.

Previamente, el congresista Jorge Montoya Manrique (HyD) sostuvo que “leyes nos sobran, falta decisión de ejecutarlas, tenemos una ley de flagrancia y una ley de defensa propia, tenemos dos policías detenidos por ese motivo y eso es inconcebible”.

“Estamos totalmente equivocados de cómo hacer frente a esta amenaza (la extorsión y el sicariato)”, expresó.

Luego, Norma Yarrow Lumbreras (RP) dijo que tenemos 118 víctimas en el transporte público; “esta ley se puede aprobar, porque tenemos las firmas, pero como todas las leyes que hemos hecho, son leyes muertas”, y sobre el proyecto en análisis dijo que ya lo había revisado y “hay varios puntos por ajustar y aclarar”.

Por su parte, Roberto Chiabra León (APP) habló de brindar seguridad para aquellos jueces y fiscales que cumplen con su función y son amenazados por las bandas criminales.

Habló de los chips que se siguen vendiendo, de las cuentas de yape y preguntó si no se les puede hacer seguimiento; y sugirió crear una sala de operaciones para dirigir lo que plantea uno d ellos artículos del proyecto en torno a la seguridad operativa de transportes y certificación de rutas.

Participaron también los congresistas Roberto Kamiche Morante (APP), Katy Ugarte Mamani (JP-VP-BM), Alex Paredes Gonzales (SP), Segundo Montalvo Cubas (PL), Mery Infantes Castañeda (FP) y Cruz Zeta Chunga (FP).

SUSTENTACIÓN DEL SECTOR EJECUTIVO
Luego, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, destacó que este proyecto propone una respuesta integral, bajo una mirada política, que combina la inteligencia criminal, la protección y reparación a las víctimas, y la coordinación multisectorial que debe haber para enfrentar este flagelo.

En tanto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, brindó un informe de las acciones que realiza su portafolio y las carencias que sufren; sobre el proyecto y las medidas que se plantean dijo que tenían que potenciar la inteligencia y la investigación.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, destacó las medidas propuestas, sugirió algunas incorporaciones y la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas para el respectivo financiamiento.

Expusieron, además, el viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas; el fiscal superior titular Jorge Chávez Cotrina, en representación del fiscal de la Nación; y el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa Chiroque.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL