La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, se reunió esta mañana, en sesión extraordinaria, para conocer la posición del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Contraloría General, sobre los proyectos de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el PJ y en el Ministerio Público y el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

El primero de ellos en opinar fue el presidente electo del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, quien dijo brevemente que estaba de acuerdo con las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo.

Opinó que toda reforma necesita financiamiento y que no era razonable que el Ejecutivo diga que no hay dinero. Primero se debe aprobar la ley. El Poder Judicial, afirmó, está de acuerdo con la creación del referido organismo.

DEBEN CONVOCAR AUDIENCIAS PÚBLICAS

La jueza suprema Ana María Aranda Rodríguez, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, informó que su Sala Plena hizo llegar su propuesta sobre la Autoridad de Integridad y Control. Dijo que estaba de acuerdo con la creación de la autoridad disciplinaria en el OCMA, pero que todo cambio sobre el orden disciplinario tiene que nacer en el mismo órgano jurisdiccional.

Ratificó la posición al afirmar que quien lidere la organización disciplinaria tiene que ser necesariamente un magistrado, una persona que conozca la actividad jurisdiccional y la labor que realizan jueces y demás miembros; y que con la creación de un organismo ad hoc no se van a solucionar cualquier hecho de corrupción.

Javier Luna García, representante del Ministerio Público, precisó que no se puede dejar de lado el perfil constitucional. Crear un órgano de control con autonomía, distorsiona lo que la constitución establece. “Los magistrados tienen sus estatutos y autoridades que los controla, pero en el indicado proyecto no se considera, ponen a externos para esa labor”, agregó.

Planteó que se deben convocar audiencias públicas, para escuchar a las autoridades locales para tomar decisiones correctas. ¡Se debe reforzar de manera dinámica con participación ciudadana. Eso es una buena transparencia”, añadió.

LA CONTRALORÍA NO ADMINISTRA JUSTICIA

El Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta,  consideró que está de acuerdo con la creación del consejo, y que sea presidido por el presidente. “En los últimos 10 años el sistema de control en el Perú ha generado miles de responsabilidades penales. Se enviaron 9,100 casos y solo 75 estuvieron presos”, acotó.

Indicó que el sistema actual es ineficiente y que los casos se caen en el camino. La capacidad operacional de esta reforma, si ahora esta como está, imagínense como será cuando lleguemos al bicentenario. Quien administra justicia no es la Contraloría, aclaró.

Recomendó que se use el sistema de la Contraloría, y anunció que se van a crear otros nuevos. La declaración jurada de intereses en el sistema nacional de Control, ya no se hacen en papel. “Un sistema de esa naturaleza puede alertar gran parte de los problemas de corrupción”, puntualizó.

EN EL PJ HAY 30 MIL COMPUTADORAS OBSOLETAS

Por su lado, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, expresó que estamos cometiendo un grave error y que “no se puede poner la carreta delante de los caballos”.

Acotó que si no se ha aprobado la Ley General de Justicia, no se puede aprobar nada entonces. Es un grave error si primero no se define el vértice del sistema.

Indicó que hay 40 vocales supremos y que deberían ser solo 18. El problema es complejo, la carga procesal pasa los 50 mil expedientes, añadió.

“Estamos pensando en la oficina y no en el vértice de la Suprema. Se debe determinar de qué modelo de justicia estamos hablando. No hay política de precedente”, agregó.

Subrayó que en el Poder Judicial, hay cerca de 30 mil computadoras, la mayoría de ellas obsoletas.

NO SE PUEDE MANOSEAR  IMAGEN DE JUECES Y FISCALES

Luego de las exposiciones la parlamentaria Lourdes Alcorta (FP) indicó que es importante que el contralor esté presente en todas las instituciones. Añadió que 1,000 personas ingresan a las cárceles a cumplir condenas cada mes, al año son 12 mil presos.

Úrsula Letona Pereyra (FP) refirió que se debe aprobar la norma de desarrollo. Pero, la revisión por pares dentro del Poder Judicial y Ministerio Público no debe hacerse, es absurdo. Se tiene que lograr que los jueces y fiscales tengan sus especialidades, acotó. “No puede ser que en los presupuestos haya gastos de inversión, de que reforma estamos hablando entonces”, remarcó.

Gilbert Violeta López (PPK) resaltó que la reforma en el sistema de justicia debe concretarse con una voluntad política en el Ejecutivo. “La reforma del sistema de Justicia no solo es para luchar contra la corrupción, hay otros factores de por medio”, culminó.

Mario Mantilla Medina (FP) coincidió con la exposición del Defensor del Pueblo, si no hay presupuesto no se puede hacer nada. La reforma debe ser para que dure mucho más tiempo, no solo 5 años. “Ley de consejo para la reforma del sistema de justicia, es lo que primero se debe aprobar. No podemos aventurarnos”, precisó.

Marco Arana Zegarra (FA) manifestó que ésta pendiente el cambio de la norma constitucional, estamos ante una crisis en el sistema de justicia. “Se debe fortalecer el sistema de control”, precisó.

Luis Galarreta  Velarde (FP) dijo que hay dos caminos, una que consolide la reforma, la ley orgánica. Todos están comprometidos para que sea algo permanente. Se tiene que hacer una verdadera reforma.

Yonhy Lescano Ancieta (AP) se mostró preocupado por la situación, el primer paso será respetar las sentencias. “Hay un alto grado de corrupción en las instituciones. Algo tenemos que hacer, pero no poner parches. No se puede juzgar entre pares”, enfatizó.

Pedro Olaechea (NA) dice que se está hablando con mucha ligereza de los jueces. No se puede estar manoseando la imagen de los fiscales y magistrados. “Muchas veces se culpa al juez, y no se pone en la balanza su experiencia, su trayectoria”, expresó.

Richard Arce (NP) indica que cada vez hay más autoridades presas por delito de corrupción. Cuestionó a los fiscales y jueces que deshonran a la institución.

Luz Salgado Rubianes (FP) solicitó a las autoridades que han expuesto que envíen por escrito sus recomendaciones. El debate recién comienza, no hay ningún apuro ante alguna amenaza de pretender cerrar el Congreso. Exhortó a que se haga un trabajo de investigación en las instituciones, hay terroristas infiltrados, jueces y fiscales vinculados.

Las normas que envió el Ejecutivo se tuvieron que corregir, era un “mamarracho”, como dijo que en paz descanse, Enrique Bernales, finalizó.

Miguel Torres Morales (FP) señaló que tan importante como el fondo, es la forma. Se tiene que tener mucho cuidado, cual es el camino qué vamos adoptar. Coincidió con el contralor sobre mayor presencia de la Contraloría. “Espero que cada uno de los invitados hagan docencia. No dejen sólo al Congreso”, acotó.

Finalmente, la presidenta de la referida comisión, Rosa Bartra sostuvo que “no podemos trabajar en contra de un estado de derecho. No dejen sólo al Congreso, trabajemos en conjunto, en resguardo de la institucionalidad“. (JCHOY)

PRENSA CONGRESO