En la Comisión de Fiscalización
Alistan dictamen para fortalecer capacidad sancionadora de la Contraloría
Centro de Noticias del Congreso
26 Ago 2020 | 18:13 h
El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Edgar Alarcón Tejada (UPP), anunció que para la próxima semana se estima poner a debate y votación el predictamen del proyecto de ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y que establece medidas para el fortalecimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.
“Estoy a la espera y exigiendo que lleguen las opiniones respecto a que la Contraloría retome su capacidad sancionadora lo más pronto posible. Hemos solicitado las opiniones al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Justicia. Estoy exigiendo que nos alcancen los más pronto posible sus opiniones y estoy seguro que, de ser el caso, estaríamos discutiendo la próxima semana ya el predictamen para ser aprobado y elevarlo al Pleno«, expresó Edgar Alarcón.
Así lo señaló Alarcón en la sesión virtual que se realizó el miércoles 26, en alusión al Proyecto de Ley 05283/2020 presentado por la Contraloría General de la República y otros similares presentados por los legisladores “siempre enmarcados en lo señalado en el Tribunal Constitucional”, puntualizó.
Previamente, descartó que los legisladores no quieran ser sancionados, tal como han señalado en los medios de comunicación locales, luego de la aprobación en el Pleno del dictamen -con modificaciones- sobre la declaración jurada de intereses.
“Respecto de las modificaciones finales que propuso el congresista Aliaga, al final se decidió retirar las sanciones porque no es que no queramos que nos sancionen, sino que vamos a contemplarlas y definirlas en la siguiente sesión, porque estamos por discutir la tipificación de conductas infractoras y ahí se va considerar. No es que nos estemos excluyendo y no queramos que no se sancione. La prensa está entendiendo mal”, dijo Alarcón.
Alarcón subrayó que en dicha sesión plenaria se expresó públicamente la propuesta y el compromiso de ver el tema a profundidad en la Comisión: “Queremos discutir que esté enmarcado en una sola ley que englobe todas las disposiciones respecto a sanciones y la tipificación de conductas en materia funcional”, acotó.
REACTIVA TRANSPORTE
Respecto de la situación del transporte público en el capital, que está siendo afectado por la disposición de la cuarentena y sus posteriores medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 entre los usuarios del servicio, el congresista Aron Espinoza Velarde (PP) planteó que se disponga un programa similar a Reactiva Perú.
“Por qué no pedir un programa exclusivamente para transporte y de esa forma vamos a tener un servicio de transporte como necesitamos, que los transportistas no se vean afectados y que la economía se mueva, tres puntos importantísimos que se debe tener en cuenta”, dijo el legislador al tiempo de asegurar de que eso sería mejor que entregar subsidios “porque al final se les está regalando dinero”, agregó Espinoza.
En la sesión participó el presidente (e) de Protransporte, Juan Pablo de la Guerra, quien respaldó la propuesta del legislador.
“Las empresas de transporte se presentaron a Reactiva Perú, pero no calificaron. Voy a trasladar al MEF para que esto se pueda dar, pero con otros criterios para que puedan acceder a créditos. Podría ser una salida no solo para los corredores, sino también para los tradicionales”, afirmó de la Guerra.
El funcionario informó que existe en los corredores 700 buses, pero solo 300 están operando. Explicó que a los corredores se les paga por la cantidad de pasajeros y por los kilómetros recorridos, además el contrato contempla medidas de corto plazo en situaciones de emergencia. Dijo que entre junio y julio la recaudación bajó en el Metropolitano a 25 % y en los corredores a 32 %, porque solo pueden ir pasajeros sentados.
“Dada la emergencia, Protransoporte debería de subvencionar esta situación y lo hemos venido haciendo desde abril primero con un fondo que existe en Protransporte de 14 millones, luego vinieron unos fondos transferidos del Ejecutivo de 24 millones, con lo cual se pudo cubrir marzo abril y mayo. Después hicimos un pedido de 124 millones al Ejecutivo y la respuesta fue que solo nos pueden dar 8.3 millones, pero para pagos de trabajadores sobre todo a los fiscalizadores”, dijo el funcionario.
Agregó que “hemos pedido un préstamo al banco -con aval de la municipalidad- para pagar esta subvención”, en respuesta a la preocupación expresada por la congresista María Retamozo Lezama (FREPAP) trasladada por representantes del gremio.
Tras tomar conocimiento de que el Metropolitano, el Tren Eléctrico y los Corredores representan entre el 11 y el 12 % del transporte, el congresista Marcos Pichilingue (FP) expresó su preocupación, debido al restante 89 % que cubre la necesidad del transporte de la ciudadanía y más aún con la medida de paralización anunciada en los próximos días.
El titular de Protransporte dijo que precisamente ellos fueron los primeros en ser subvencionados “les correspondió a ellos y eso depende de la ATU, porque fue a través de DU”, dijo al tiempo de informar que tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como el Ministerio de Economía se están reuniendo para buscar una solución y se espera que no haya paralización de los buses tradicionales.
Explicó que el problema del transporte se da por la falta de buses para completar la flota que no se ha podido solucionar por un tema administrativo, además del problema del trasporte público informal.
“En el 2018 salió una ley de transferencia de Protransoporte a la ATU que daba 90 días para hacer la transferencia y es necesario agilizar esta transferencia que no se ha dado por distintos motivos de ambas partes. La idea es que se pueda transferir cuanto antes a la ATU para que esta pueda solucionar esto. El estar en esta situación de constante transferencia, no se puede hacer el proceso de licitación que se debe hacer para poder lograr la flota requerida y dar un servicio bueno a la ciudad”, puntualizó el funcionario.
OTROS INVITADOS
En la sesión también participó Evelyn Susan Gamarra Vásquez, directora (e) ejecutiva del Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI del Ministerio de Agricultura y Riego, quien informó sobre las presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre su representada y el Consorcio “Geoservice Hidroenergía”; asimismo Eurice Leida Dextre Castillejo, Prefecta de la Región de Áncash, dio detalles sobre los presuntos actos de corrupción en la designación de Subprefectos Provinciales y Distritales en la Región de Áncash, entre otros temas relacionados.
Lima, 26 de agosto de 2020
PRENSA-CONGRESO