La sesión plenaria del Congreso de la República -programada para hoy jueves- tiene en agenda varios temas, entre otros, obligar que los funcionarios y servidores públicos presenten declaración jurada de ingresos, bienes y rentas para que sean fiscalizados por la Contraloría General de la República y la prórroga del pago del impuesto general a las ventas para la micro y pequeña empresa (IGV Justo).

El primer tema está contenido en un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia del Congreso a propósito de una iniciativa legal presentada por el ente contralor como parte de su paquete de reformas legales para reforzar sus competencias.

La propuesta del IGV Justo forma parte de los dictámenes aprobados por las comisiones de Economía y de Producción.

La agenda comprende además el dictamen en mayoría de la Comisión de Trabajo que propone modificar el Decreto Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, respecto de la jornada asistencial del médico cirujano, de la guardia de retén, del trabajo de guardia y de la remuneración.

Está pendiente de segunda votación la propuesta de ley para declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes.

En cuanto a la mociones, hay dos que otorgan facultades de comisión investigadora a dos comisiones dictaminadoras.

La primera moción es para que la Comisión Agraria investigue las presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos por funcionarios del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes y del Poder Judicial y del Ministerio Público durante los últimos cinco años (2011-2016) y, la segunda, es para que la Comisión de Pueblos Andinos identifique a los culpables de los constantes derrames de crudo en el Oleoducto Nor Peruano y plantee propuestas para una solución integral para la restauración ambiental inmediata.

También está en la agenda la moción mediante el Congreso de la República condena los actos de apología del terrorismo que significan las expresiones, manifestaciones y construcción de un mausoleo en el cementerio municipal de Comas.

La discusión de la moción para que el Congreso de la República se pronuncie sobre los recientes sucesos políticos en Venezuela está condicionada a la ampliación de agenda por la Junta de Portavoces.

En igual situación condicional está la propuesta de la Comisión Especial Encargada de seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo, a un magistrado del Tribunal Constitucional y a tres directores del Banco Central de Reserva respecto a los tres candidatos para integrar el directorio del Instituto Emisor.

PRENSA-CONGRESO
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