Congresistas de diversas bancadas expresaron sus posturas frente al Decreto de Urgencia (DU) 010-2025 emitido por el Poder Ejecutivo que establece medidas excepcionales para la reorganización de Petroperú, durante la mesa de trabajo “La privatización de Petroperú: consecuencias para los consumidores”, organizada por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside la congresista Katy Ugarte Mamani (bancada JPP-VP-BM).

La legisladora advirtió que, si bien el Ejecutivo sostiene que la finalidad del decreto es asegurar de manera inmediata y excepcional la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos y la seguridad energética del país, no existen garantías claras de que estas medidas no terminen afectando los derechos de los consumidores ni de la población en general, especialmente ante un eventual proceso de privatización de la empresa estatal.

“La pregunta central es si con estas decisiones se puede asegurar que los consumidores no serán perjudicados, ya sea por alzas de precios, menor control del mercado o pérdida del rol regulador que hoy cumple Petroperú”, sostuvo la parlamentaria.

Subrayó que la energía y los combustibles no pueden tratarse únicamente como mercancías, sino como bienes estratégicos vinculados a derechos económicos fundamentales.

Su colega de bancada, Hamlet Echeverría Rodríguez alertó que los efectos de una menor presencia estatal en el mercado ya se sienten en el país, recordando las recientes alzas de los combustibles y el impacto directo en la economía familiar.

Remarcó que Petroperú ha cumplido históricamente un rol de referencia para contener la especulación y garantizar precios más accesibles, especialmente en regiones alejadas, y que su debilitamiento afectaría directamente a millones de consumidores.

Reorganización necesaria

Desde otra posición, la congresista Rosangella Barbarán Reyes (bancada FP) señaló que el decreto no implica una privatización, sino una reorganización necesaria para evitar el colapso financiero de Petroperú.

No obstante, coincidió en que cualquier medida debe tener como prioridad la protección del consumidor y la no afectación a la población, especialmente en zonas donde la empresa estatal cumple un rol esencial que el sector privado no asume.

A su turno, el congresista Waldemar Cerrón Rojas (bancada PL) cuestionó la constitucionalidad del Decreto de Urgencia, señalando que abre la puerta a un proceso de desmantelamiento progresivo de una empresa estratégica, con impactos negativos en la seguridad energética y en la economía de las mayorías.

Advirtió que una eventual privatización derivaría en mayor concentración del mercado y en precios fijados según intereses empresariales, en perjuicio directo de los consumidores.

La congresista Isabel Cortez Aguirre (NoA) recordó que el propio Estado es uno de los principales deudores de Petroperú, especialmente por el suministro de combustibles a las Fuerzas Armadas y la Policía, información que según señaló es omitida para justificar un discurso privatizador.

La congresista Katy Ugarte concluyó reafirmando que cualquier reforma sobre Petroperú debe evaluarse desde la defensa del consumidor, la transparencia y el interés nacional, advirtiendo que una privatización sin salvaguardas claras podría traducirse en alzas de precios, menor control del mercado y una afectación directa a los derechos de la ciudadanía.

Por su parte, Alejandro Narváez Liceras, expresidente de Petroperú cuestionó la narrativa que sostiene que Petroperú se encuentra en quiebra.

Añadió que, según información oficial correspondiente al tercer trimestre de 2025, la empresa mantiene un patrimonio neto positivo de 2 200 millones de dólares, reportado a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Precisó que el problema actual de la empresa no es de insolvencia, sino de estrés de caja y capital de trabajo negativo, situación que según se indicó es superable con una adecuada gestión financiera. Asimismo, se señaló que las proyecciones para el periodo 2026-2030 son positivas.

También destacó que los estados financieros de Petroperú han sido auditados con informes limpios y sin observaciones, lo que respalda la credibilidad y seriedad de la información financiera presentada.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL