Durante la sesión de la Comisión Investigadora de la Ejecución Presupuestal de los Programas Sociales, Organismos Públicos Descentralizados y Organismos Supervisores, que preside la congresista Katy Ugarte Mamani (JPP-VP-BM), legisladores y autoridades locales expresaron su preocupación por la baja ejecución presupuestal en los programas de Vaso de Leche (PVL) y Complementación Alimentaria (PCA), que impactan directamente en la atención de la población vulnerable.

La congresista Ugarte subrayó que, pese a que estos programas fueron creados para enfrentar la anemia infantil, la cual ha pasado de 28.4% en 2021 a 34.6% en 2025, aún se registran deficiencias administrativas que retrasan la llegada de alimentos a los beneficiarios.

“Nuestro objetivo es que los programas sociales lleguen puntualmente a los hogares. El presupuesto público no puede quedarse en cifras; debe reflejarse en la mesa de cada familia y en la nutrición de nuestros niños”, enfatizó.

En la sesión participaron los alcaldes de Breña, Felipe De La Mata Martínez; de Pachacámac, Enrique Cabrera Sulca; y de Ate, Franco Vidal Morales, quienes informaron sobre la situación en sus distritos.

El alcalde de Pachacámac relató que su municipio enfrentó procesos de contratación frustrados y apelaciones, lo que entrampó la compra de insumos. Pese a ello, señaló que se realizaron gestiones alternativas para no desabastecer a la población y pidió revisar los vacíos normativos que retrasan la ejecución.

El alcalde de Ate informó que el PVL beneficia a 8,615 personas, el PCA a 11,278, los comedores populares a 3,633 y el programa para pacientes con TBC a 565 pacientes, con un presupuesto de 14 millones de soles. Planteó además propuestas legislativas como: homologar fichas técnicas de alimentos, otorgar vales de descuento en gas, subsidiar la compra de pan y asignar presupuesto específico para infraestructura y utensilios.

Por su parte, el gerente municipal de Breña aseguró que la entrega de alimentos está garantizada en el distrito, precisando que los retrasos responden principalmente a problemas administrativos con proveedores y no a la falta de distribución.

En representación de la Contraloría, Juana Luz Llacsahuanga Chávez, subgerenta de control del sector social y cultural, advirtió que en varios gobiernos locales la ejecución presupuestal de los programas sociales registra aún niveles bajos al mes de septiembre.

El congresista Guido Bellido (PP), a su turno, recalcó que la fiscalización no debe ser vista como un obstáculo sino como una herramienta de desarrollo y transparencia. Asimismo, recordó que las municipalidades tienen iniciativa legislativa, de acuerdo con el artículo 107 de la Constitución, lo que permite plantear proyectos normativos para atender sus necesidades.

La comisión coincidió en que el reto no es solo asignar recursos, sino garantizar que lleguen a tiempo y de manera eficiente a quienes más lo necesitan, en especial a niños y madres vulnerables que dependen de los programas alimentarios del Estado.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL