La presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, María Acuña Peralta (APP) expuso ante la representación nacional los alcances del texto sustitutorio del dictamen que autoriza la expropiación del predio identificado con el código N° 05_UC_271005 y demás inmuebles que resulten necesarios para la ejecución del proyecto Acarí – Bella Unión, II etapa de construcción de la represa de Iruro, el cual fue aprobado por unanimidad, (105 votos a favor).

La propuesta aprobada contiene seis artículos, en los que se justifica la expropiación de los inmuebles al amparo de la Ley  N° 30855, la cual declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la represa de Iruro.

Asimismo, se establece que el pago de la indemnización deberá ser asumida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sin demandar recursos adicionales al tesoro público y previa tasación de los inmuebles de parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La parlamentaria Diana Gonzales, de Avanza País, señaló que la construcción de la represa es uno de los proyectos más esperados por la población de Arequipa y Ayacucho, dado que impulsará la principal actividad económica de la zona, la agricultura.

Por su parte, el legislador Edwin Martínez Talavera (AP) resaltó que con la aprobación de esta norma, el Congreso de la República otorga nuevamente una herramienta de gestión al Gobierno Central y a los Gobiernos Regionales, para que concreten la construcción de la obra y beneficien de esta manera a miles de personas.

En ese sentido, su colega Raúl Huamán (FP) añadió que de esta manera, el proyecto de inversión ya cuenta con un punto de partida.

El congresista Alex Paredes (BMCN) resaltó la relevancia de una norma declarativa, dado que a través de ella se justifica jurídicamente esta propuesta, la que permite la expropiación de un inmueble para la implementación de una obra de alto impacto.

Esta iniciativa fue exonerada de la segunda votación, con  116 votos a favor, por lo cual su autógrafa será enviada en los próximos días al Poder Ejecutivo para su publicación.

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