La congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País) presentó el proyecto de Ley N°10925/2024-CR que sanciona con hasta 6 años de cárcel a los deportistas, árbitros, entrenadores y directivos que participen en actos de corrupción destinados a alterar el resultado de competiciones deportivas oficiales.

La iniciativa que combate las concertaciones en competiciones deportivas propone la incorporación del artículo 197-A al Código Penal, el cual tipifica como delito la manipulación directa o indirecta de eventos deportivos mediante sobornos, ofrecimientos o aceptaciones de ventajas de cualquier índole.

“Este proyecto busca cerrar un vacío legal en nuestro sistema penal, alineando al Perú con los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción en el deporte”, señaló la congresista Diana Gonzales.

Explicó que la norma establece penas que van de cuatro a seis años de prisión y hasta doscientos días-multa para quienes, aprovechando su posición dentro del deporte profesional, atenten contra su integridad. Esto incluye a jugadores, árbitros, técnicos, dirigentes de clubes, federaciones y otros con influencia directa o indirecta en la competición.

“El rol que cumplen los deportistas, árbitros y directivos es esencial para la transparencia y la credibilidad del deporte. Este proyecto reconoce su impacto y establece responsabilidades claras para proteger el juego limpio”, indicó la legisladora.

Datos recientes del informe «Betting Corruption and Match-Fixing in 2023» de Sportradar Integrity Services revelan que el Perú figura entre los países con mayor número de partidos sospechosos de arreglo, especialmente en torneos como la Liga 2 y la Copa Perú. Este contexto ha encendido las alarmas y expone la necesidad urgente de una respuesta legal firme.

En el ámbito internacional, países como España, Francia e Italia han ratificado el denominado “Convenio de Macolin”, un tratado multilateral que busca prevenir, detectar y sancionar el amaño de partidos. Asimismo, organizaciones como la FIFA han establecido sanciones severas para aquellos involucrados en la manipulación de partidos, incluyendo suspensiones y multas significativas.

La iniciativa también reconoce que la proliferación de plataformas de apuestas en línea ha incrementado los riesgos de manipulación, generando un entorno propicio para que se cometan actos ilícitos que afectan tanto a la competencia como a la confianza del público y los patrocinadores.

DESPACHO CONGRESAL