• El proyecto de ley garantizará que el Estado reconozca la opinión informada de los pueblos indígenas u originarios respecto de las medidas legislativas o administrativas que los afecten. 

La congresista, representante de la región Cusco, Katy Ugarte Mamani, ha presentado el Proyecto de Ley N.° 1661, que tiene por objetivo modificar el inciso 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, con el fin de reconocer el pleno ejercicio del derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, así como establecer la obligación del Estado peruano a respetar los resultados de la misma.

De acuerdo a lo informado por la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, administrado por el sector Cultura, a la fecha, se tiene información que existen 55 pueblos indígenas en el Perú, siendo que 51 de ellos están ubicados en la Amazonía y 4 en los Andes.

“Esta iniciativa será de mucho beneficio para todos los pueblos indígenas u originarios, pues hemos observado que constantemente se vulnera el derecho a la Consulta Previa en la toma decisiones que los involucran directamente, siendo necesario elevar este derecho a rango Constitucional, a efecto que los pueblos indígenas u originarios puedan activar los mecanismos necesarios para defender su derecho a manifestar su consentimiento libre, previo e informado, antes de la ejecución de acciones por parte del Estado, que pudieran afectar el normal desarrollo de sus vidas en la comunidad”, así lo aseveró la congresista cusqueña Ugarte.

Por tal motivo, se propone dotar a este derecho de todas las prerrogativas que tiene un derecho constitucional, no solo para proteger la voluntad de las comunidades, sino también para cautelar los derechos que se vinculan a ella, tales como el derecho a la propiedad, entre otros.

Finalmente, es importante recordar que la Consulta Previa se encuentra establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual es un instrumento internacional vinculante para el Estado peruano.

Lima, abril de 2022.

DESPACHO CONGRESAL