• Debate sobre situación penitenciaria en el Pleno

La propuesta de dictamen elimina en la práctica la figura de la comparecencia con restricciones y la ampliación de prisión preventiva, limitando el trabajo de jueces y fiscales, lo que abre un riesgo para la sociedad y la impartición de la justicia, sostuvo la congresista Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado) durante el debate en el Pleno sobre la situación penitenciaria y la crisis COVID19.

“El proyecto de dictamen se ha enfocado en su sentido más literal y simplista para resolver el problema: “abramos las cárceles” obviándose el riesgo social que se transmite a los peruanos en su día a día”, dijo.

Advirtió que lo más peligroso en el dictamen es que la cesación de prisión preventiva para los mayores de 65 años no establece supuestos de procedencia conjunta si no alternativa. “Si leemos de manera sistemática en este supuesto no se le exige vinculación con el COVID”, comentó.

Y agregó: “Tengamos cuidado con las “normas de contrabando” ya hemos sido testigos de innumerables intentos políticos por liberar a sus conocidos”.

Asimismo, sostuvo que la propuesta no tiene coherencia legislativa porque por ejemplo termina por excluir la comparecencia con restricciones. “Es decir -acotó- que se apliquen reglas de conducta y solo mantener una comparecencia simple, ¿acaso olvidan que durante la pandemia también se han visto actos delictivos?”.

Planteó modificaciones al dictamen para corregir que los fiscales que imponen la ampliación de la prisión preventiva para los casos de delitos de menor gravedad sean investigados.

“Esta pandemia nos ha enrostrado la realidad que denunciamos desde hace años quienes hemos vivido día a día la tragedia de los procesos penales. El hacinamiento no es producto de la pandemia, ni es responsabilidad de nuestros jueces y fiscales, sino que es producto de la indiferencia de los gobernantes de turno”, sostuvo la legisladora y precisó que el gobierno del presidente Vizcarra también tiene responsabilidad pues hasta ahora no ha llevado a cabo una verdadera reforma penitenciaria.

Lima, 15 de mayo de 2020

DESPACHO CONGRESAL