Iniciativa promueve el acceso equitativo y justo a la vivienda digna para las poblaciones más vulnerables, asegurando un entorno saludable, seguro y sostenible

Los congresistas de la Bancada del Frente Amplio, Mirtha Vásquez e Yván Quispe, presentaron el proyecto de ley 7818 que busca garantizar el acceso a la vivienda social a través de un hábitat seguro y saludable que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las familias en situación de pobreza.

Para ello, se propone un marco legal que establece principios rectores, definiciones legales, beneficiarios, mecanismos y regulaciones para la vivienda social, así como la intervención de las empresas constructoras en los proyectos habitacionales y competencias de los diversos niveles de gobierno.

“Este proyecto de ley busca garantizar que las familias en situación de pobreza y pobreza extrema puedan acceder a una vivienda digna y adecuada. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de dar respuesta al déficit habitacional de casi 2 millones de unidades de vivienda, garantizando condiciones de seguridad óptimas, disponibilidad de servicios, asequibilidad y respecto a la identidad cultural”, refirió la congresista Mirtha Vásquez.

Por su parte, el parlamentario Yván Quispe indicó que los programas de vivienda implementados por el Estado peruano han estado enfocados en la población de los niveles socioeconómicos A, B y parte del C. “Ante esta realidad de exclusión de miles de peruanos, es necesario que tanto el Estado como las micro, pequeñas y medianas empresas constructoras puedan edificar vivienda social”, aseveró.

Ambos legisladores detallaron que la propuesta legislativa promueve la creación de una Comisión Nacional de Vivienda Social que estará conformada por el Fondo de Vivienda Social y las Operadores Públicas de Vivienda y Suelo, las cuales garantizarán los recursos económicos que el Estado dispondrá para la construcción de las casas y mecanismos de articulación institucional para desarrollar los proyectos de vivienda social.

Asimismo, se propone declarar de interés público la construcción de vivienda social en el país y la creación de una empresa estatal para que trabaje en los lugares donde el sector privado no logre cubrir el déficit habitacional.

De igual manera, señalaron que la Operadora Pública para Vivienda Social será el órgano especializado en todo lo relativo a la Vivienda Social, que coordinará la planificación de la estructura administrativa, propondrá anteproyectos de normas legales, y asegurará que los gobiernos locales propicien el empoderamiento de la ciudadanía para la toma de decisiones respecto a la producción de vivienda social; entre otras funciones importantes.

Finalmente, la norma regula las competencias de los distintos niveles de gobierno, tanto regional, provincial y distrital relacionadas a la coordinación, promoción, apoyo técnico, fiscalización y ejecución de los proyectos de viviendas sociales. Para ello, se crearán órganos importantes como las Operadoras Municipales del Suelo.

“La actual crisis sanitaria y económica ha afectado a muchos peruanos y peruanas en el tema del acceso a la vivienda digna y otros derechos. Esta situación refuerza la necesidad de garantizar derechos elementales como la vivienda, tanto en el campo como en las ciudades, porque constituyen un espacio de derecho que brinda mayores posibilidades para construir ciudadanías igualitarias”, sentenciaron los congresistas del Frente Amplio.

Lima, 16 de junio del 2021.

Despacho de la congresista Mirtha Vásquez Chuquilín
Despacho del congresista Yván Quispe Apaza

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