La expresidenta del Congreso Maricarmen Alva ha presentado un proyecto de ley busca la creación y expansión de los Sistemas Nacionales Especializados en Flagrancia Delictiva, esto con la finalidad de combatir la delincuencia con mayor rapidez y eficacia. Se trata de la iniciativa N.° 10109, que busca acelerar la respuesta del sistema de justicia ante delitos flagrantes, garantizando que los delincuentes capturados sean procesados sin dilaciones y con un uso eficiente de los recursos del Estado.

El sistema propuesto plantea la integración operativa del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Defensoría del Pueblo. A través de esta articulación, se establecerán centros especializados donde jueces, fiscales y policías trabajarán en un mismo espacio para reducir los tiempos procesales y evitar la liberación de delincuentes por falta de coordinación entre las instituciones.

La iniciativa de Alva fundamenta que la implementación de estos centros no implicará una inversión excesiva, pues se utilizarán infraestructuras ya existentes, optimizando así los recursos del Estado. Asimismo, se prevé la incorporación de sistemas digitales interconectados que permitan el intercambio de información en tiempo real, facilitando la labor de jueces y fiscales, y garantizando mayor transparencia en los procesos.

“Uno de los principales beneficios de este sistema es la reducción de los plazos judiciales en hasta un 50%, lo que permitirá una respuesta más rápida y efectiva ante los delitos cometidos en flagrancia. Además, se estima que la mejora en la coordinación interinstitucional agilizará en un 40% la acción policial y fiscal”, manifestó Alva en declaraciones.

En ese sentido, respecto a la eliminación de trámites innecesarios y la reducción de procesos duplicado, la acciopopulista explicó que se “generarían un ahorro de hasta 30% en costos operativos, mientras que la respuesta inmediata disminuiría la impunidad en hasta un 25%, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema de justicia”.

El proyecto de ley ha recibido el respaldo de las principales instituciones del sistema de justicia y seguridad del país, entre ellas el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Policía Nacional del Perú y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades han coincidido en la necesidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia con herramientas que permitan una acción más eficiente y coordinada.

Para la congresista Maricarmen Alva, esta iniciativa representa un avance fundamental en la seguridad ciudadana. “No podemos seguir permitiendo que los delincuentes sean capturados y luego liberados debido a trámites burocráticos o falta de coordinación entre las instituciones. Con este proyecto, aseguramos una justicia más rápida, efectiva y transparente, para que los criminales no sigan burlando la ley y los ciudadanos puedan sentirse más seguros”, sostuvo la legisladora.

La propuesta no solo busca agilizar los procesos, sino también garantizar una supervisión constante. Para ello, se contempla la creación de un Consejo Nacional de Flagrancia, que tendrá la tarea de monitorear el desempeño del sistema, actualizar procedimientos y evaluar la efectividad de su implementación. Además, cada tres años se revisarán las políticas y protocolos para adaptarlos a las nuevas demandas de seguridad y avances tecnológicos.

Con la expansión de los Sistemas de Flagrancia, el país daría un paso significativo hacia un sistema judicial más eficiente, evitando la impunidad y fortaleciendo la capacidad de respuesta frente al crimen. La implementación de este modelo representaría un cambio estructural en la lucha contra la delincuencia, asegurando que la justicia actúe de manera inmediata y efectiva en beneficio de la ciudadanía.

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