• Ley de presupuesto 2023 está próxima a debatirse por el Pleno del Congreso.
• En nuestro país son hay más de 3 millones de personas con discapacidad cuyas necesidades no son atendidas.
• La Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023, no ha considerado esta disposición

Continuando con la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, la congresista de Acción Popular, Marleny Portero, planteó incluir una disposición complementaria final en la propuesta del proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2023, en la cual los gobiernos regionales y locales estén obligados a utilizar como mínimo el 0,5% de su presupuesto institucional, en gasto de obras destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a través de infraestructura urbana, a quienes se encuentren en situación de discapacidad.

Asimismo, propuso que los gobiernos locales y regionales utilicen como mínimo el 0,5% de su presupuesto institucional, para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).

En ese sentido, la legisladora Portero advirtió que “no existe uniformidad de criterios en los gobiernos locales para determinar las partidas ni para la ejecución del gasto público, observando que no ha existido voluntad del Ministerio de Economía y Finanzas de establecer los criterios, ni de fiscalizar el cumplimiento de esta disposición y es precisamente eso lo que estamos demandando”.

Del mismo modo, agregó que la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023, no ha considerado esta disposición, lo que condena a más de 3 millones 300 mil personas con discapacidad a la invisibilidad, por cuanto sus necesidades una vez más no serán atendidas.

Por otro lado, cabe resaltar que hace más de un año la congresista solicitó al gobierno financiar la realización de la II Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad, con el fin de conocer la situación de este grupo poblacional y que esta información sirva de insumo para la construcción de políticas públicas eficientes y que realmente atiendan las necesidades en favor de su desarrollo.

Lima, de noviembre de 2022.

DESPACHO CONGRESAL