Frente a una alarmante realidad que atraviesan los centros juveniles del país, la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la congresista Esmeralda Limachi Quispe, convocó una importante mesa de trabajo para abordar la situación de los adolescentes con medida socioeducativa de internamiento y evaluar los avances en las estrategias de reinserción social.

Según datos presentados por el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), al 30 de junio de 2025 el sistema juvenil enfrenta un preocupante 19.1 % de hacinamiento a nivel nacional, con centros como Trujillo (220.8%), Pucallpa (182.7%) y Chiclayo (134.4%) gravemente sobrepoblados. Esta situación, según coincidieron los especialistas presentes, atenta contra los derechos fundamentales de los adolescentes privados de libertad y debilita toda posibilidad real de rehabilitación.

La fiscal de familia de Lima, Elizabeth Ulfe Herrera, en representación del Ministerio Público, destacó la importancia de una mejor coordinación entre instituciones para atender a adolescentes en conflicto con la ley penal. Señaló los avances del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, aunque aún no tiene cobertura nacional. Cuestionó el Decreto de Urgencia N.º 014-2020 por excluir a estos adolescentes del sistema de protección del MIMP. Propuso convenios con universidades para reforzar el apoyo psicológico en centros juveniles. Además, advirtió sobre la instrumentalización de la maternidad y los antecedentes de violencia familiar en muchos casos.

Desde el Poder Judicial, la representante María Peche Becerra, Secretaria Técnica del Equipo Técnico del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, advirtió sobre las graves deficiencias estructurales que impiden una real reinserción social de adolescentes infractores. Señaló la falta de presupuesto y el retraso de más de siete años en la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA). Criticó el abandono del modelo de justicia terapéutica por parte del Ejecutivo. También alertó que muchos adolescentes son procesados por delitos menores vinculados a la pobreza. Enfatizó la necesidad urgente de una política nacional de prevención. Se exigió que el Estado priorice la implementación del CRPA sin más postergaciones.

El evento, realizado en la Sala Fabiola Salazar del Congreso de la República, contó con la participación de representantes de los Ministerios de Justicia, Salud, Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo, Interior, así como del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil. Cada intervención puso énfasis en la necesidad de un enfoque integral, multisectorial y con financiamiento sostenido.

El encuentro cerró con el compromiso de formular un informe técnico con recomendaciones urgentes y un llamado a que el Ejecutivo priorice una reforma estructural del sistema de justicia juvenil. La congresista Limachi concluyó reiterando que la infancia y adolescencia deben estar en el centro de la política pública, incluso en los casos de adolescentes infractores.

Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia