• Propone mesa de diálogo con todo los actores tras diagnótico real.
• Afirma que ampliación de Reinfoes un mero paliativo.

En el Gobierno no hay voluntad de resolver la problemática de la pequeña minería, la minería ancestral y artesanal en el Perú, pues solo le interesaría favorecer a los grandes concesionarios.

«Al Ejecutivo no le interesa realmente porque está inclinado solo a unas pocas grandes empresas que son las que tienen casi todos los millones de metros cuadrados del Perú concesionados», expresó el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien planteó la urgencia de promover una reforma integral de la normativa que rige la actividad minera en el Perú.

Sostuvo en Exitosa Noticias que, este momento es el propicio, ante el auge de los precios del oro y la plata en el mundo.

“Estamos en el mejor momento del precio internacional de los metales y es cuando más debemos tener paz y tranquilidad para salir adelante y ponernos adelante en la explotación del oro y plata. Es necesaria una reestructuración total en el sector minero en el país, pues la normativa actual ha quedado obsoleta, pues fue creada en momentos donde no había ni una sola inversión”, sostuvo.

Afirmó que una solución efectiva a la actual crisis en el sector minero requiere, en primer lugar, un diagnóstico claro y detallado de la situación a nivel nacional.

Luna Gálvez planteó la necesidad de un gran censo nacional, para conocer cuántas familias están implicadas en la explotación minera, dónde están, y con la articulación de entidades clave como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el viceministerio de Minas y el INEI.

“Este levantamiento de información debería identificar con precisión dónde operan las grandes empresas mineras formales, cuál es su alcance y qué proyecciones tienen para los próximos diez años. Además, permitiría ubicar a los pequeños, medianos y mineros ancestrales, con el fin de ordenar el sector y diseñar políticas diferenciadas”, dijo.

El parlamentario también recalcó en la necesidad de derogar el decreto supremo 012-2025-EM, que aprobó el proceso de formalización minera, pues no se puede imponer una formalización con la exclusión de 50 mil familias que ha generado una ola de protestas en distintas partes del país.

Además, recalcó que las ampliaciones del Reinfo son apenas paliativos que no enfrentan el problema real que son los plazos de hasta 30 años de concesión a las grandes empresas, pero estos sólo trabajan un pequeño porcentaje de los terrenos y evitan entregar el contrato a mineros artesanales, lo cual impide su formalización.

DESPACHO CONGRESAL