En cumplimiento de su función de representación y en coordinación con las autoridades provinciales, distritales, comunales y representantes de la sociedad civil de Sechura, el congresista Bernardo Pazo exhortó públicamente al Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (FOSPIBAY) a cumplir con su mandato legal y responder de manera inmediata a los acuerdos orientados al uso de los recursos derivados del laudo arbitral favorable al Estado peruano.

El mencionado laudo, emitido el 4 de febrero de 2025 por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional – Sede República Argentina, resolvió a favor del Estado peruano y ordenó a la empresa Miski Mayo S.R.L. el pago de regalías adeudadas desde el año 2013, incluyendo reajustes e intereses.

El fallo determinó el desembolso de S/ 198 millones, de los cuales el 80 % corresponde a FOSPIBAY y el 20 % al Fideicomiso Clúster Minero Sechura, fondos que constituyen un patrimonio social inalienable destinado al desarrollo económico, educativo y productivo de toda la provincia.

Sin embargo, el Directorio de Fospibay —presidido por la alcaldesa provincial de Sechura, Carmen Morales Loro, e integrado por representantes de Miski Mayo y del Ministerio de Energía y Minas— ha mostrado una preocupante falta de acción frente a las convocatorias y acuerdos establecidos. Esta inacción, señaló el parlamentario, carece de sustento legal o administrativo y vulnera los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, afectando directamente la confianza ciudadana y el desarrollo de Sechura.

Durante la II Mesa de Trabajo realizada con autoridades y organizaciones representativas de la provincia, se ratificaron los siguientes acuerdos prioritarios:

1. Inversión educativa: Destinar S/ 80 millones a la construcción e implementación de la Universidad Nacional de Sechura (Ley N.° 32101), garantizando su pronta operatividad y fortaleciendo el derecho constitucional a la educación superior pública.
2. Desarrollo equitativo: Asignar una parte de los recursos a un fondo de inversión social para las municipalidades distritales y centros poblados —entre ellos San Clemente, Chepito, Becará, Letirá, La Tortuga y Parachique—, a fin de financiar proyectos en educación, salud, agricultura, pesca, ganadería y turismo.
3. Transparencia y diálogo: Convocar con carácter de urgencia a la Segunda Mesa de Trabajo presencial el 11 de noviembre de 2025, en la sede de Fospibay, para definir la ejecución del pago de las regalías contractuales, con la participación de autoridades y sociedad civil organizada.

“Los pueblos de Sechura no demandan discursos, sino resultados. No más burocracia ni indiferencia. Exigimos compromiso, transparencia y decisiones firmes para que los recursos de Bayóvar se traduzcan en bienestar, equidad y desarrollo sostenible”, enfatizó el congresista Bernardo Pazo.

Finalmente, el parlamentario reiteró que los recursos provenientes de la explotación de los fosfatos de Bayóvar pertenecen al pueblo sechurano por legitimidad, historia y derecho, y su uso debe reflejar una gestión responsable y orientada al bien común

Sechura, 29 de octubre de 2025

DESPACHO CONGRESISTA BERNARDO PAZO